El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, rechazó los cuestionamientos sobre la validez de los estados financieros publicados y aseguró que la intervención estatal ha permitido corregir un desorden financiero acumulado durante años, aunque reconoció que la entidad enfrenta una situación económica compleja.
Durante una entrevista radial, Ospina respondió a las críticas surgidas tras la divulgación de los estados financieros de 2023 y 2024, luego de que se afirmara que dichos documentos no contaban con el aval de la auditoría. El funcionario negó esa versión y sostuvo que los estados financieros corresponden al trabajo técnico del equipo contable de la EPS.
Rechazo a las críticas de Vargas Lleras
“Está equivocado el doctor Vargas Lleras”, afirmó Ospina al referirse a quienes sostienen que los documentos publicados no son oficiales. Explicó que lo que aún se encuentra en proceso es el dictamen de la revisoría fiscal y de la auditoría, pero ello no invalida la información financiera presentada.
El interventor explicó que durante el último año se adelantó una reconstrucción de la información contable de los años 2020 a 2024, debido a que miles de facturas de servicios médicos no habían sido registradas oportunamente. “La estructura contable de nuestra entidad ha trabajado durante un año en la reconstrucción financiera para poder depositarlos y entregarlos para que sean revisados”, señaló.
Déficit histórico y reducción gradual
Frente a las pérdidas reportadas, que alcanzan cerca de 4,8 billones de pesos en 2024, Ospina reconoció que los resultados son negativos, aunque insistió en que corresponden a un problema heredado. “Son inapropiados para la vigencia 2023 y 2024”, respondió al ser consultado. Sin embargo, defendió que la situación ha mejorado progresivamente: el déficit reexpresado pasó de 6,8 billones de pesos en 2023 a 4,6 billones en 2024, y anticipó que los resultados de 2025 mostrarán una reducción adicional.
“Año por año el déficit va cayendo y seguramente si continuamos por esta senda la Nueva EPS recuperará su estabilidad”, aseguró.
Facturas represadas y anticipos
El interventor atribuyó buena parte de la crisis a la existencia de cerca de 10 millones de facturas represadas que no fueron incorporadas a la contabilidad durante varios años, ocultando el verdadero tamaño de las obligaciones con prestadores de salud. Uno de los puntos más controvertidos fue el informe de la Contraloría General de la República, que advierte un incremento de los anticipos pendientes de legalizar de 8,6 billones a más de 15 billones durante 2025.
Ospina rechazó que esto demuestre un agravamiento de la crisis bajo la intervención. “Lo que es cierto es que hay un acumulado de cuentas por pagar que vienen desde vigencias muy anteriores”, sostuvo, explicando que muchas obligaciones permanecieron ocultas en administraciones anteriores y ahora están siendo reconocidas contablemente. Agregó que la estrategia actual busca formalizar las relaciones contractuales con los cerca de 3.800 prestadores para disminuir el uso de anticipos y mejorar el control financiero.
Pérdidas de 2025 y suficiencia de la UPC
Consultado sobre las pérdidas de 2025, Ospina indicó que todavía no hay un dato definitivo porque continúa el proceso de carga y verificación de facturas. “Esa es una información que no se la puedo dar plena porque todavía no tenemos totalmente cargadas las facturas del 2025”, afirmó, y espera contar con esa información en las próximas semanas. El proceso será más ágil hacia 2026 gracias al fortalecimiento de los sistemas de información y la regularización de contratos.
Sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Ospina respondió que no es posible concluir que sea insuficiente porque las cifras de 2023 y 2024 incorporan pasivos acumulados de años anteriores, distorsionando cualquier evaluación. Además, planteó que el problema trasciende el monto de los recursos y está relacionado con el modelo actual del sistema de salud colombiano. “Tenemos que revisar nuestro modelo de salud, tenemos que orientarlo más en atención primaria”, afirmó. También cuestionó los incentivos económicos del sistema, señalando que “nunca va a haber una UPC que avance” mientras el modelo continúe privilegiando la atención de la enfermedad sobre la prevención.
