El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal para la producción de pasaportes. La decisión negó los recursos con los que se pretendía frenar el proceso, por lo que el análisis judicial sobre la legalidad del contrato continuará.
Detalles de la decisión judicial
Con esta determinación, el alto tribunal rechazó los argumentos presentados por las partes que buscaban dejar sin efectos la admisión de la demanda. Entre ellos figuraban cuestionamientos relacionados con la necesidad de agotar una conciliación prejudicial y otros aspectos procesales que, según los solicitantes, impedían el avance del expediente.
Sin embargo, el magistrado concluyó que la acción promovida por la Procuraduría puede seguir su curso. La corporación consideró que el Ministerio Público actúa en defensa del interés general y que, por la naturaleza de la controversia, no era indispensable cumplir con el requisito de conciliación antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
Implicaciones del fallo
La decisión no resuelve si el convenio es legal o ilegal. Lo que hace es confirmar que existen elementos suficientes para que el proceso continúe y que los argumentos expuestos por la Procuraduría sean estudiados durante las siguientes etapas judiciales, donde las partes podrán presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
Lo que cuestiona la Procuraduría
La controversia gira alrededor del convenio firmado en 2025 entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos, un acuerdo cuyo valor supera los $1,3 billones.
La Procuraduría sostiene que el contrato presenta presuntas irregularidades relacionadas con el modelo de contratación utilizado y con el cumplimiento de las reglas aplicables a este tipo de convenios internacionales. Según la demanda, el acuerdo habría vulnerado principios de la contratación pública que deben garantizar la transparencia y la adecuada selección del contratista.
Entre los principales reparos también aparecen cuestionamientos sobre la estructura financiera del convenio. El Ministerio Público argumenta que el acuerdo no tendría plenamente garantizados los recursos para su ejecución y advierte posibles inconsistencias en la participación económica de la entidad portuguesa dentro del contrato.
La demanda incluso solicita que, si durante el proceso se comprueba la existencia de irregularidades que afecten la validez del convenio, se declare la nulidad absoluta del contrato y se adopten las decisiones patrimoniales que correspondan conforme a la ley.
Próximos pasos en el proceso judicial
Tras el rechazo de los recursos, el expediente entra en una nueva etapa procesal en la que serán analizados de fondo los argumentos de la Procuraduría y las respuestas presentadas por las entidades vinculadas al convenio.
Durante este trámite, el Tribunal deberá establecer si el acuerdo cumplió las exigencias previstas en la legislación colombiana para este tipo de contratos y si la modalidad utilizada se ajustó a los principios que rigen la contratación estatal. Solo después de ese estudio podrá adoptarse una decisión definitiva sobre la validez del convenio.
Por ahora, el fallo representa un revés para quienes buscaban impedir que la demanda avanzara. La decisión no modifica el estado jurídico del contrato ni implica una declaración sobre su legalidad, pero sí mantiene abierto uno de los procesos judiciales más relevantes alrededor del modelo escogido para la producción de los pasaportes colombianos.
El caso seguirá en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá resolver de fondo las pretensiones de la Procuraduría y determinar si existen o no razones para declarar la nulidad del convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal. Hasta entonces, la discusión continuará trasladándose del plano administrativo al judicial, mientras permanece la expectativa sobre el desenlace de un contrato considerado estratégico para la expedición de pasaportes en Colombia.
