El crecimiento de la movilidad eléctrica en Medellín y el Valle de Aburrá ha puesto sobre la mesa un nuevo desafío ambiental: la gestión de las baterías de ion-litio al final de su vida útil. Con cerca de 12.000 vehículos eléctricos en circulación, entre bicicletas, patinetas y automóviles, autoridades y empresas del sector advierten que será necesario fortalecer los procesos de recolección, seguimiento y aprovechamiento de estos residuos para evitar impactos sobre el ambiente y la salud pública.
Riesgos de una disposición inadecuada
La preocupación radica en los riesgos asociados a una disposición inadecuada. Si una batería de ion-litio termina en un relleno sanitario, se quema o es manipulada sin los protocolos establecidos, puede liberar fluoruro de hidrógeno, un gas altamente tóxico y corrosivo, además de incrementar el riesgo de incendios y contaminar suelos y cuerpos de agua.
Este escenario llevó a empresas del sector eléctrico, como Lito, a insistir en la necesidad de consolidar mecanismos que garanticen el manejo adecuado de estos residuos. Según la compañía, el crecimiento de la movilidad eléctrica obliga a fortalecer la recolección, el seguimiento y el aprovechamiento de las baterías, además de exigir responsabilidad a productores e importadores.
Normativa vigente y metas de recolección
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recordó que la Resolución 0851 de 2022 clasifica estas baterías como "pilas y acumuladores". La normativa establece metas progresivas de recolección que comenzaron en el 0,5 % durante 2024 y aumentarán de manera gradual hasta superar el 65 % a partir de 2044, de acuerdo con la cantidad de baterías que ingresen al mercado.
No todas las baterías de litio reciben el mismo tratamiento. Su manejo depende de variables como el producto al que pertenecen, la ficha técnica y la clasificación arancelaria, criterios que determinan si deben gestionarse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee) o como Residuos Peligrosos (Respel), conforme a la regulación ambiental vigente.
Infraestructura actual y responsabilidades
Actualmente, Medellín cuenta con ocho empresas autorizadas mediante licencia ambiental para realizar el tratamiento de residuos clasificados como Raee. El Área Metropolitana mantiene funciones de control y promoción sobre la correcta gestión ambiental de estos materiales, mientras la responsabilidad por la disposición final recae en importadores, fabricantes y comercializadores.
EPM recordó que los usuarios también cumplen un papel dentro de la cadena de gestión. La empresa señaló que las baterías deben entregarse únicamente a canales autorizados o al proveedor donde fue adquirido el vehículo, aprovechando redes ya establecidas para este propósito, como la operada por Servipilas para la recolección y el aprovechamiento de materiales reciclables.
Segunda vida y reciclaje
El desafío no termina cuando las baterías dejan de funcionar dentro del vehículo. Estos dispositivos pueden destinarse posteriormente a aplicaciones de almacenamiento estacionario de energía durante un periodo adicional de entre ocho y quince años, prolongando su aprovechamiento antes de ingresar a procesos definitivos de reciclaje.
Aunque buena parte de las baterías instaladas en los vehículos eléctricos que hoy circulan por Medellín aún no ha alcanzado el final de su ciclo de vida, el crecimiento sostenido de esta tecnología anticipa un incremento gradual en la cantidad de residuos que deberán ser gestionados durante los próximos años. Ese panorama convierte la planificación de la recolección, el reciclaje y la reutilización en uno de los principales retos que acompañarán la expansión de la movilidad eléctrica en la región.
