La falsificación y alteración de incapacidades médicas continúa siendo una de las modalidades de fraude que más preocupa al sistema de salud colombiano. Salud Total EPS-S informó que, a la fecha, ha presentado más de 4.000 denuncias relacionadas con presuntos delitos como falsificación documental, alteración de incapacidades médicas y otras conductas que comprometen los recursos públicos destinados a la atención de los afiliados.
Condena en Manizales por alteración de incapacidad
El pronunciamiento se dio luego de que la entidad destacara la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales contra una de sus afiliadas, quien fue hallada responsable del delito de falsedad en documento privado tras modificar una incapacidad médica para ampliar el tiempo de incapacidad otorgado por el profesional de salud. Según la investigación, el documento original correspondía a un día de incapacidad, pero fue alterado para registrar tres días, hecho que fue probado por la Fiscalía durante el proceso judicial.
Apoyo jurídico de la EPS
Salud Total explicó que su equipo jurídico acompañó la investigación aportando información y documentación que permitió esclarecer los hechos, y señaló que este fallo envía un mensaje sobre las consecuencias penales de alterar documentos relacionados con la prestación de servicios de salud.
Impacto en el sistema de salud
La EPS reiteró que cualquier falsificación o uso indebido de incapacidades, certificaciones, órdenes médicas o autorizaciones constituye una conducta penalmente reprochable que, además de afectar la confianza en el sistema, desvía recursos que deben destinarse exclusivamente a garantizar la atención de los usuarios y el derecho fundamental a la salud.
Llamado a afiliados y empleadores
Finalmente, la entidad hizo un llamado a afiliados y empleadores para utilizar únicamente incapacidades expedidas por los canales oficiales, verificar su autenticidad cuando existan dudas y denunciar cualquier irregularidad. Asimismo, anunció que continuará fortaleciendo sus mecanismos de auditoría y control para detectar y judicializar las conductas fraudulentas que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
