La crisis de seguridad en Costa Rica se prolonga debido a una fricción sin precedentes entre el gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial. Desde su investidura hace dos meses, la mandataria ha criticado duramente al sistema judicial, acusándolo de ineficiente y de haber sido infiltrado por el crimen organizado. En promedio, al menos dos personas son asesinadas cada día en el país de 5,2 millones de habitantes, y la tasa de homicidios apenas ha cedido desde el récord de 17,2 por cada 100.000 habitantes alcanzado en 2023, el doble que una década atrás.
Choque institucional por la seguridad
El gobierno de Fernández impulsa un millonario recorte al presupuesto judicial y un proyecto para que la Asamblea Legislativa designe al fiscal general, en lugar de la Corte Suprema. La presidenta ha pedido la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, y de los principales magistrados de la Corte Suprema, reprochándoles falta de acción frente a la inseguridad y supuesta impunidad en casos de alto impacto. Ninguno ha dimitido.
La discordia, que viene desde el gobierno pasado, alcanzó su punto máximo tras acusaciones de impunidad y corrupción por parte de Fernández contra el Poder Judicial, al que reprocha posiciones contrarias a la política de "mano dura" inspirada en El Salvador. Fernández defendió la necesidad de reformas judiciales para aumentar las condenas.
Violencia ligada al narcotráfico
Expertos atribuyen la crisis de violencia a bandas narcotraficantes que aprovechan la posición estratégica de Costa Rica para enviar droga a mercados del hemisferio norte. La mayoría de las víctimas está involucrada en bandas criminales, pero en 2025 las autoridades también reportaron 85 víctimas colaterales. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, señaló a Reuters que solo el 38% de los homicidios llegan a sentencia condenatoria. "Aquí el problema no es la falta de Ejército... aquí el problema es la falta de condenas en los tribunales", afirmó.
Funcionarios judiciales han rechazado las acusaciones de corrupción y piden a Fernández presentar pruebas. Argumentan que los recortes presupuestarios de 2026 y 2027 constituyen un riesgo para los contrapesos entre poderes y un obstáculo para responder a la violencia, como coinciden analistas.
Obstáculos para una respuesta coordinada
América Central es un corredor clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, lo que genera altos niveles de violencia, corrupción institucional y desestabilización. Evelyn Villarreal, coordinadora del informe "Estado de la Justicia", dijo a Reuters: "Frente a un enemigo que tiene recursos infinitos... estar peleando entre nosotros dificulta muchísimo estar preparados".
La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, rechazó que el Poder Judicial tenga la culpa de la criminalidad y señaló que desde el Gobierno hay un interés por reducir el músculo judicial. "Desde el 2022 vemos un ataque sistemático contra el Poder Judicial", dijo, en alusión a discursos del expresidente Rodrigo Chaves, ahora ministro de Finanzas y de la Presidencia, quien enfrenta decenas de investigaciones por corrupción.
Solano destacó que la población en cárceles aumentó un 36% desde 2020. La tasa de encarcelamiento es de 366 por cada 100.000 habitantes en Costa Rica, que en 2024 ocupaba la posición 22 en el mundo, según World Prison Brief.
Percepción ciudadana
En las calles, muchos lamentan que la disputa consuma esfuerzos para atajar la violencia. Karina Bolaños, comerciante de 39 años en Goicoechea, al norte de San José, expresó: "Seguimos mal, aunque digan que están haciendo cosas y peleando entre ellos... el país ha cambiado para peor".
