La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, conformada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI Atlántico-Magdalena, emitió un comunicado oficial en respuesta al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de la empresa Air-e Intervenida.
Críticas a la legalidad y el procedimiento
El organismo de control ciudadano calificó la medida como “irresponsable, imprudente y carente de sustento jurídico”, señalando que la responsabilidad por el deterioro de la situación recae en el Gobierno Nacional. Según la Veeduría, la intención de liquidar la compañía sin haber establecido previamente un “operador de reemplazo”, un plan de pagos para los generadores o garantías de continuidad, constituye una violación al artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, así como a las leyes 142 y 143 de 1994.
La organización enfatizó que existen otros mecanismos legales antes de llegar a la liquidación, como la “administración temporal, la capitalización o la transferencia condicionada”. Asimismo, cualquier proceso de liquidación debe seguir las etapas previstas en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002, dado que la empresa se encuentra bajo toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Veeduría subrayó que no es procedente avanzar con una fusión o liquidación sin que entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio verifiquen el cumplimiento de los requisitos legales.
Impacto financiero y deudas del sector
Uno de los puntos críticos es la deuda acumulada, que supera los $2,5 billones con generadores, transmisores y otros proveedores esenciales. La Veeduría sostiene que estas obligaciones se generaron durante la administración del Gobierno Nacional y que este no puede eludir su responsabilidad en el pago. El comunicado advierte que trasladar la operación a GECELCA sin saldar estas deudas agravaría la crisis y enviaría una señal negativa a los agentes del mercado.
Desde una perspectiva jurídica, cualquier integración empresarial debe respetar los derechos de los acreedores y los límites a las integraciones verticales. Los acreedores poseen herramientas legales para oponerse a operaciones que comprometan el pago de sus créditos, lo que podría derivar en controversias y retrasos significativos.
Desafíos operativos y riesgo de desabastecimiento
El documento señala que un proceso de esta envergadura requiere trámites regulatorios y administrativos que normalmente toman años, y la pretensión de ejecutarlo en las semanas restantes del mandato presidencial incrementa la incertidumbre para más de 1,3 millones de usuarios. Además, el anuncio se produce en un contexto de vulnerabilidad energética debido al fenómeno de El Niño, que reduce la capacidad de generación de las hidroeléctricas. La falta de confianza generada podría debilitar la cadena de suministro y conducir a un apagón en todo el país.
Llamado a la intervención de entes de control
Finalmente, la Veeduría Ciudadana reiteró que la prioridad debe ser proteger a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, e instó a los entes de control a intervenir dentro de sus competencias. Se exhortó al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad institucional, rigor técnico y transparencia para preservar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.
