La Contraloría Distrital de Medellín ha asumido la investigación por un supuesto detrimento patrimonial de 108.585 millones de pesos en el megaproyecto Hidroituango, luego de que la Contraloría General de Antioquia remitiera el caso. El hallazgo incidental, según explicó la contralora de Medellín, Paula Ortega, determinó que el cambio de contratista para las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 no afectó a la Sociedad Hidroituango, sino a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Origen del detrimento patrimonial
En diálogo con Blu Radio, Ortega detalló que el nuevo contratista presentó valores superiores al presupuesto oficial de EPM, generando un sobrecosto que constituye el detrimento. “El nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial. Se apertura una indagación preliminar en el proceso de responsabilidad fiscal”, aseguró.
Próximos pasos de la investigación
La Contraloría Distrital de Medellín buscará determinar quiénes tomaron las decisiones y cómo se realizó el proceso de selección del contratista durante la administración de Daniel Quintero. El objetivo es identificar a las personas involucradas en la posible investigación por el detrimento superior a 100.000 millones de pesos. Los procesos de responsabilidad fiscal tienen varias etapas, por lo que se espera una decisión definitiva hacia 2028.
Defensa de la decisión
En su momento, la gerencia de EPM y la Alcaldía de Medellín defendieron el cambio de contratistas argumentando que era necesario separar a las empresas señaladas en procesos judiciales por la contingencia de Hidroituango en 2018, para garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales. Sin embargo, sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaron los mecanismos de contratación y el posible impacto en el cronograma de las últimas cuatro unidades.
