La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal para determinar si existió un presunto detrimento patrimonial de más de 6.000 millones de pesos en la Secretaría Distrital de Movilidad, relacionado con pagos efectuados entre 2021 y 2024 por consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Detalles del proceso fiscal
Según el organismo de control, durante ese periodo la Secretaría realizó más de 5 millones de consultas al RUNT a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por las cuales pagó 6.501.689.565 pesos con recursos públicos. La Contraloría sostiene que parte de la información consultada también estaba disponible en plataformas internas de la entidad, como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, por lo que busca establecer si esos pagos vulneraron los principios de necesidad, economía y eficiencia del gasto público.
Como parte del proceso, fueron vinculados varios exsecretarios y exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad, así como un directivo de ETB, quienes podrán ejercer su derecho de defensa durante la actuación fiscal.
Respuesta de la Secretaría de Movilidad
Tras conocerse la decisión, la Secretaría de Movilidad aclaró que la apertura del proceso no constituye una decisión de fondo ni significa que ya exista un detrimento patrimonial o responsabilidades establecidas. La entidad aseguró que colaborará con la Contraloría durante la investigación y precisó que las consultas al RUNT hacen parte de procedimientos contemplados en la normatividad para adelantar funciones de control, la imposición de comparendos y otros trámites administrativos.
Además, explicó que la información utilizada en esas actuaciones corresponde a consultas oficiales de datos específicos, diferentes de las consultas gratuitas disponibles para la ciudadanía. La Secretaría reiteró su compromiso con la transparencia y señaló que los exdirectivos y contratistas vinculados al proceso contarán con todas las garantías para ejercer su derecho de defensa.
