La entrada en vigencia del nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado encendió una fuerte controversia en el sector. Andesco advirtió que, aunque respalda la actualización de la metodología, su implementación en los términos actuales podría afectar la seguridad jurídica del sistema y la sostenibilidad de los servicios públicos en el país.
Cambios estructurales en el cálculo de tarifas
El gremio explicó que el nuevo esquema, adoptado mediante la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), comienza a regir desde hoy e introduce cambios estructurales en la forma de calcular las tarifas que pagan los usuarios. Sin embargo, cuestionó que el proceso de expedición se haya realizado en apenas tres meses, cuando normalmente este tipo de análisis requiere entre nueve y doce meses.
Uno de los principales puntos de preocupación es que, según Andesco, el texto final de la resolución no coincide con el proyecto que fue sometido a participación ciudadana. Esta situación, sumada a los tiempos reducidos de implementación (solo tres meses), genera incertidumbre sobre las condiciones en las que empresas y usuarios deberán adaptarse al nuevo modelo.
Impacto en el bolsillo de los ciudadanos
El presidente del gremio, Camilo Sánchez, fue enfático al señalar que la medida tendrá efectos directos en el bolsillo de los ciudadanos. “Va a llevar a los incrementos de la tarifa. Era una falsa ilusión lo que estaban diciendo con este Marco Tarifario”, afirmó, al advertir que la promesa de reducción de precios no se cumpliría en la práctica.
De acuerdo con el análisis del sector, el cambio en la base de cálculo —que pasa de costos de referencia de 2014 a valores actualizados de 2024 y 2025— junto con nuevas obligaciones como inversiones ambientales, gestión del riesgo y metas estrictas de reducción de pérdidas de agua, generará presiones adicionales sobre los costos operativos de las empresas.
Aplicación no uniforme y demandas legales
Andesco también alertó que la aplicación del nuevo modelo no será uniforme. El esquema contempla ajustes variables en el cargo por consumo según planes de inversión y la actualización anual de componentes tarifarios, lo que podría traducirse en incrementos y reducciones sucesivas sin relación directa con mejoras en eficiencia o calidad del servicio.
Ante este panorama, el gremio interpuso una demanda ante el Consejo de Estado solicitando una medida cautelar de urgencia para suspender la aplicación del marco tarifario. Andesco insiste en que su objetivo no es eliminar la reforma, sino garantizar una implementación gradual, con reglas claras, participación efectiva y condiciones que no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera ni la prestación continua del servicio de acueducto y alcantarillado.
