El pasado 12 de junio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revirtió el proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, una vía de más de 106 kilómetros que conecta los municipios de Briceño, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí y Cáqueza. Con esta decisión, la construcción y el mantenimiento del corredor dejaron de estar en manos privadas y pasaron a ser responsabilidad del Invías, la Gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de La Calera, las tres entidades que ahora deberán asumir su administración, conservación y gestión.
Reversión por terminación anticipada del contrato
La reversión es consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, declarada por un tribunal de arbitramento internacional. En el fallo, el concesionario resultó favorecido y el Estado colombiano fue obligado a cancelar una compensación de US$305 millones, equivalentes a más de $1,3 billones, lo que convierte este proceso en uno de los arbitrajes más costosos que ha enfrentado el país en materia de infraestructura vial.
La ANI detalló que, desde que el tribunal declaró la terminación del contrato, se realizaron mesas técnicas, recorridos de verificación y reuniones de coordinación con el Invías, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de la región, con el fin de definir las responsabilidades de cada entidad y las condiciones de entrega de cada tramo.
El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que "la reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión". Por su parte, el vicepresidente ejecutivo, Roberto Uparela, precisó que la salida del concesionario privado no implica que la vía quede sin atención, y aclaró que se trata de una obligación contractual que debía cumplirse tras la liquidación de la concesión.
El concesionario y el origen del litigio
El consorcio que tuvo a cargo el proyecto durante más de una década fue la sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., conformada por la constructora israelí Shikun & Binui y el fondo de inversión inglés InfraRed Capital Partners. Esta firma firmó el contrato en julio de 2014 y quedó a cargo del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la vía bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).
El litigio que concluyó en la terminación anticipada de la concesión se originó en las dificultades para ejecutar varios tramos del megaproyecto. El concesionario argumentó que hubo obstáculos externos que impidieron el desarrollo normal de las obras. Uno de los puntos centrales fue el ambiental: señalaron que en el terreno del proyecto se identificaron cuerpos de agua que, según los estudios iniciales de la ANI, no existían en esas zonas. Esto motivó revisiones posteriores que confirmaron la existencia de esos ecosistemas y llevaron a la corrección de los diseños originales y a la obtención de permisos ambientales no contemplados al firmar la APP. A juicio del concesionario, esos retrasos se acumularon y hicieron inviable completar las obras en los términos pactados, consolidando el argumento que llevó el caso al tribunal de arbitramento.
Problemas técnicos identificados
En las inspecciones previas a la reversión, la ANI identificó otros problemas técnicos en las unidades funcionales 4 y 5, correspondientes a los tramos La Calera-Choachí y Choachí-Cáqueza, que suman cerca de 54 kilómetros y constituyen el sector más exigente del corredor por su topografía. Por esta razón, la entidad definió intervenciones prioritarias orientadas a mejorar la seguridad, la estabilidad y la transitabilidad para los usuarios.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación ya había alertado sobre estos hechos. Ante la intervención del ente de control, la ANI suscribió con el concesionario un otrosí para efectuar el mantenimiento de 60 kilómetros de vía y resolver las dificultades en 22 puntos críticos; a la vez que adquirió compromisos de contingencia frente a deslizamientos y eventos climáticos adversos. Para el momento de la reversión, el número de puntos críticos identificados en esas mismas unidades funcionales había aumentado a 53, lo que evidenció que el deterioro continuó entre la firma de ese acuerdo y la entrega final del corredor.
Distribución de responsabilidades
Como resultado de este proceso, la conservación del corredor quedó en manos del Invías como gestor de los tramos de carácter nacional, y la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera como controladores de los segmentos que hagan parte de su jurisdicción territorial.
Un corredor de 106,9 km
El corredor Perimetral de Cundinamarca tiene una longitud total estimada de 106,9 kilómetros entre origen y destino, y atraviesa los tramos Briceño-Salitre, Patios-Guasca, Calera-Choachí, Choachí-Cáqueza y la variante de Choachí. Se concibió como una vía norte-sur en el sector oriental de Bogotá que sirviera de alternativa de movilidad, complementada con vías transversales intermedias en Salitre-Guasca y Los Patios-La Calera.
