Crisis en la agroindustria del etanol: defensa urgente de un sector estratégico
En medio de una crisis profunda que amenaza la viabilidad de la agroindustria del etanol en Colombia, es imperativo salir en defensa de este sector estratégico. Los biocombustibles representan el componente renovable en las mezclas obligatorias del 10% de etanol con gasolina y biodiésel con diésel, contribuyendo significativamente a la seguridad energética nacional, la mejora ambiental y el impulso del sector agrícola.
Marco legal y contribuciones históricas
Las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004 establecieron la obligatoriedad de estas mezclas en todo el territorio nacional, implementándose progresivamente desde 2005 y 2008 respectivamente. Veintiún años después, esta cadena productiva ha contribuido sustancialmente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con logros documentados de 3,9 millones de toneladas reducidas proyectadas para 2025 y 950 toneladas menos de material particulado, especialmente beneficioso para los grandes centros urbanos.
La amenaza de las importaciones descontroladas
El detonante de la actual crisis se encuentra en la avalancha de etanol importado que ha ganado participación creciente en el mercado doméstico. Mientras que hasta 2016 la producción nacional satisfacía completamente la demanda interna, a partir de 2017 comenzó la entrada masiva de etanol estadounidense, escalando hasta alcanzar el 40% del mercado en 2023 y superando el 50% entre 2024 y 2025.
Este cambio dramático encuentra explicación en el viraje regulatorio iniciado con la Resolución 90454 de abril de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, que limitaba las importaciones a volúmenes necesarios para cubrir déficits, y su posterior derogación mediante la Resolución 41053 de mayo de 2017, que liberó completamente las importaciones.
Consecuencias devastadoras para la industria nacional
La reacción fue inmediata: las importaciones pasaron de 68 millones de litros en 2016 a 269 millones en 2019, alcanzando un récord histórico de 437 millones de litros en 2025. Esta situación se vio favorecida por la diferencia entre el precio regulado del etanol nacional y el precio de paridad de importación, altamente subsidiado en su país de origen.
Las consecuencias son evidentes: el mercado interno se encuentra inundado de etanol importado, contradiciendo la narrativa presidencial sobre "sobreproducción". Los inventarios han superado los 54 millones de litros, poniendo en riesgo toda una cadena productiva que genera 286.000 empleos formales distribuidos en más de 50 municipios del país, con especial preponderancia en zonas rurales.
Aspectos críticos ignorados en la política actual
Dumping y subsidios internacionales: El etanol importado recibe múltiples subsidios en su país de origen, desde las siembras de maíz (su materia prima) hasta las plantas refinadoras, con porcentajes que oscilan entre el 22% y 32%, además de protección arancelaria.
Diferencias ambientales sustanciales: Existe una brecha abismal en la reducción de emisiones entre el etanol producido a partir de caña de azúcar (alrededor del 73%) y el producido con maíz (entre 20% y 40%). Colombia, como signataria del Acuerdo de París, tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 51% hacia 2030, meta a la que el etanol nacional contribuye significativamente más que el importado.
Contradicciones en la política gubernamental
Resulta preocupante la solicitud del presidente Gustavo Petro al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de "quitar el subsidio al etanol y al biodiésel", confundiendo la exención de gravámenes aplicable a combustibles fósiles con un incentivo legítimo para sustituirlos por alternativas que reducen emisiones.
Esta política de favorecer importaciones en detrimento de la producción nacional contradice flagrantemente los postulados del Plan de Desarrollo del actual gobierno, que propende por la diversificación económica, la reindustrialización y el impulso del sector agrícola.
Camino a seguir: coherencia y fortalecimiento
En lugar de frenar esta industria, debería apalancarse incrementando el porcentaje de mezcla. Esta medida incrementaría aún más la sustitución de importaciones de combustibles, que actualmente superan el 40% en gasolina y el 15% en diésel.
La Agencia Internacional de Energía, a la que Colombia acaba de ser admitida, ha declarado que "los biocombustibles son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía", particularmente el sector automotor. El gobierno incurre en una gran contradicción que debe corregirse urgentemente para evitar males mayores.
El llamado del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, a través de su vocero Jhonson Torres, demanda al Gobierno Nacional la firma de una "Resolución de estabilización de precios" que considere los costos reales de los productores nacionales, no el precio del azúcar en Londres que genera distorsiones perjudiciales para la industria local.
La coherencia en las políticas públicas no es un lujo, sino una necesidad imperativa para proteger empleos, cumplir compromisos ambientales y mantener la seguridad energética del país.
