Contraloría descubre graves irregularidades en programa de vivienda rural
La Contraloría General de la República ha enfocado su lupa investigativa sobre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tras una exhaustiva auditoría de cumplimiento al programa de subsidios familiares de vivienda rural correspondiente al período comprendido entre los años 2000 y 2019. El ente de control determinó hallazgos fiscales significativos que ascienden a la alarmante cifra de 9.666 millones de pesos colombianos.
Historia y transferencia del programa
Según los documentos oficiales presentados por la Contraloría, antes de la implementación del Decreto Ley 890 de 2017, la responsabilidad completa del otorgamiento y la operatividad del programa recaía exclusivamente sobre el Banco Agrario de Colombia. Sin embargo, a partir del año 2018, esta crucial función fue transferida integralmente al Ministerio de Agricultura, marcando un cambio sustancial en la administración de los recursos.
Ejecución deficiente y cifras preocupantes
Durante las vigencias fiscales de 2018 y 2019, el Ministerio procedió a otorgar un total de 13.195 subsidios familiares destinados específicamente a vivienda rural. Para llevar a cabo esta ejecución, se establecieron dos modalidades operativas claramente diferenciadas:
- Mediante contrato formal con Fiduagraria S. A., para operar y administrar 12.525 subsidios.
- Bajo la estrategia denominada de autogestión, para atender 670 subsidios restantes.
No obstante, la información oficial suministrada por el propio Ministerio revela una situación profundamente preocupante: solamente se ha reportado la terminación efectiva de 2.412 subsidios, mientras que más de 10.000 subsidios continúan en un estado de limbo, pendientes de ejecución completa o sin el indispensable cierre financiero correspondiente.
Modificaciones contractuales y dificultades presupuestales
En diciembre de 2023, el Ministerio y Fiduagraria realizaron modificaciones sustanciales a los contratos fiduciarios vigentes, reduciendo el alcance original de ejecución a solamente 6.445 subsidios y, simultáneamente, prorrogando su plazo de implementación hasta diciembre de 2025. Además, durante el transcurso del año 2024, se registraron múltiples aplazamientos y significativas reducciones presupuestales que han complicado enormemente el cierre definitivo y exitoso del programa.
Fracaso en la modalidad de autogestión
En lo que respecta a la modalidad de autogestión, la Contraloría identificó que en el año 2022 se expidieron 670 resoluciones correspondientes a rezagos acumulados de 2018 y 2019, en estricto cumplimiento de sentencias emitidas por los Juzgados Especializados de Restitución de Tierras. Sin embargo, con corte al mes de julio de 2025, la realidad es desalentadora: solamente 158 viviendas habían sido materializadas y entregadas efectivamente a los beneficiarios.
Conclusiones contundentes de la auditoría
La Contraloría emitió un veredicto contundente: "La estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura presenta falencias graves en su procedimiento de supervisión". Esta deficiencia generó un total de 14 hallazgos administrativos documentados, de los cuales nueve tienen una connotación fiscal directa por la cuantía mencionada de 9.666 millones de pesos.
Además, seis hallazgos presentan presunta connotación penal y doce muestran presunta incidencia disciplinaria. La Contraloría concluyó enfáticamente que estas irregularidades afectan directamente el resarcimiento de los derechos fundamentales de los beneficiarios y no resultan conformes con el derecho fundamental a una vivienda digna, ni con los principios esenciales de la función administrativa y de la gestión fiscal responsable.
