Mineros del Bajo Cauca defienden legitimidad del paro frente a acusaciones de financiación ilegal
El paro minero que comenzó el 16 de marzo ha paralizado gran parte de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, extendiéndose también al municipio de Valdivia y el sur de Córdoba. Miles de trabajadores han salido a las calles para reclamar su derecho a un trabajo digno, en una movilización que ha generado intensos debates sobre sus orígenes y financiación.
Rechazo categórico a estigmatización
Las comunidades mineras han expresado un profundo malestar frente a la constante estigmatización por parte de algunos sectores que los vinculan con grupos armados ilegales o ciertos movimientos políticos. A través de su vocería oficial, la Mesa Minera fue tajante al declarar: "No somos criminales, ni financiadores, ni miembros de grupos al margen de la ley".
Las bases mineras insisten en que no reciben financiación de estructuras ilegales, sino que constituyen un gremio trabajador responsable de dinamizar la economía regional y sostener a miles de familias. El sostenimiento económico de los puntos de concentración proviene exclusivamente del esfuerzo, el trabajo y el aporte solidario de los propios mineros.
Pronunciamiento del Clan del Golfo
Este contexto se complejiza con el reciente pronunciamiento de actores armados. El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, mediante su Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, emitió un comunicado expresando su apoyo moral a los mineros y validando su derecho a la protesta ante lo que califican como atropellos de la fuerza pública.
Sin embargo, la organización armada ilegal fue enfática en desmarcarse de la logística del paro, negando cualquier participación organizativa o armada e instando a la sociedad a comprender este movimiento como una iniciativa netamente civil. Además, el grupo exigió al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus promesas para evitar que la manifestación se contamine por la acción de "fuerzas oscuras" que busquen sembrar el caos.
Tres días de protestas organizadas
Durante la noche del 17 de marzo, la Mesa Minera entregó el balance oficial del segundo día de movilización. La jornada evidenció una participación masiva y organizada en los distintos puntos de concentración, demostrando que el gremio permanece unido y dispuesto a defender su sustento.
Contrario a las versiones de desinformación circulantes, el flujo comercial en municipios como Caucasia y Puerto Libertador se vio beneficiado gracias a las compras logísticas de los manifestantes. Asimismo, el corredor humanitario fue respetado en todo momento para garantizar el paso de emergencias médicas y servicios esenciales.
Indignación por acciones de las autoridades
La indignación del sector minero se ha centrado particularmente en el accionar de las autoridades. El gremio recibió con profunda sorpresa y rechazo la respuesta del Ministerio de Defensa sobre los recientes operativos en el sector de Jardín, en Cáceres.
Un documento oficial evidencia una preocupante desarticulación entre el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, ya que el propio Ministerio admite haber ejecutado la destrucción de maquinaria sin realizar verificaciones previas con la Agencia Nacional de Minería o el Ministerio de Minas.
Los líderes mineros denuncian que esta política de "destruir primero y averiguar después" vulnera gravemente el debido proceso de quienes están en tránsito a la formalización minera, afectando irreversiblemente sus medios de subsistencia.
Pliego de peticiones ante incumplimientos
Ante esta crisis y el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados en octubre de 2024, la Mesa Minera radicó un extenso pliego de peticiones dirigido al Gobierno Nacional. Argumentan que su labor tradicional y ancestral sostiene el 96.5% de la economía de estas subregiones.
Entre sus exigencias principales, y como requisito innegociable para sentarse a dialogar, piden:
- Suspensión inmediata de la quema de maquinaria
- Derogatoria del Decreto 1035 de 2024 que faculta a las fuerzas militares para realizar estas destrucciones
- Garantías absolutas de no judicialización para la vocería y participantes de la protesta pacífica
- Aprobación de un Protocolo de Derechos Humanos con veeduría civil obligatoria en terreno
Denuncian que la Fuerza Pública ha abusado de la figura de "flagrancia" para evadir las incautaciones reglamentarias, dejando un saldo operacional desproporcionado de 607 maquinarias destruidas frente a solo 28 incautaciones.
Exigencias económicas y ambientales
En el ámbito económico y ambiental, el pliego exige:
- Una ruta diferencial real para la transición hacia una minería restaurativa
- Reactivación de la bancarización para el sector minero
- Participación vinculante y equitativa en el Distrito Agrominero y Pesquero
Finalmente, reclaman que cualquier mesa de concertación institucional se instale de manera presencial en Caucasia, en recintos estrictamente civiles y desmilitarizados, con la presencia indelegable de altos funcionarios del Gobierno con verdadero poder de decisión.
El paro minero continúa mientras se espera una respuesta concreta del Gobierno Nacional a estas demandas, en un contexto regional marcado por la tensión entre la actividad económica tradicional y las políticas de seguridad del Estado.
