El Gobierno de Gustavo Petro avanza en la declaración de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), a pesar de las críticas de gobiernos locales y gremios. Hasta la fecha, se han declarado alrededor de 900.000 hectáreas en 55 municipios del país, con el objetivo de proteger los suelos más fértiles y garantizar la producción de alimentos.
Distribución de las APPA por departamentos
El departamento de Córdoba concentra la mayor parte de las áreas declaradas, con 667.034 hectáreas. Los municipios con más superficie protegida son Montería (182.482 ha), Ayapel (53.634 ha), Lorica (53.070 ha), Montelíbano (51.843 ha), Planeta Rica (45.348 ha), Buenavista (43.697 ha) y Pueblo Nuevo (40.643 ha).
En segundo lugar se encuentra La Guajira, con 79.782 hectáreas en ocho municipios, entre ellos Juan del Cesar (15.838 ha), La Jagua del Pilar (10.519 ha), Villanueva (14.446 ha) y Fonseca (10.478 ha).
En el suroeste antioqueño se han declarado 64.098 hectáreas en 13 municipios, como Concordia (13.040 ha), Fredonia (11.381 ha), Venecia (3.498 ha) y Jericó (5.270 ha). En el Tolima, son 48.494 hectáreas en ocho municipios, incluyendo Líbano (13.039 ha), Falan (11.703 ha), Fresno (6.776 ha) y Palocabildo (5.206 ha). En la Sabana centro de Cundinamarca, se han registrado 5.345 hectáreas en Nemocón (3.393 ha) y Sopó (1.951 ha), y están por declararse otras 2.976 ha en Cogua.
Metas y procesos en curso
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), hay más de 98.000 hectáreas en proceso de declaratoria, con lo que el Gobierno espera alcanzar la meta de un millón de hectáreas protegidas. La mayoría de estas se encuentran en Santander, específicamente en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. También se adelantan acciones en ocho municipios de la Sabana centro: Cajicá, Chía, Cota, Gachancipá, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá y Tenjo.
Juan Pablo Sandoval, director de la Upra, anunció que próximamente se firmarán resoluciones de APPA en Cogua y en el suroeste antioqueño, en los municipios de Ciudad Bolívar, Andes, Betulia, Betania, Támesis y Pueblo Rico.
Críticas y controversias
El avance de las APPA ha generado críticas por la falta de diálogo y el posible impacto en la autonomía territorial y los derechos de propiedad. La Contraloría emitió una advertencia al Gobierno sobre riesgos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales, operativos y de gobernanza. Desde el Gobierno se asegura que las APPA tienen validez técnica y no existen hallazgos que cuestionen su legalidad.
Un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley para eliminar las APPA, argumentando que son inconstitucionales y afectan la autonomía de los territorios, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad privada. La iniciativa se basa en estudios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, que señalan que estas restricciones se superponen a zonas de alto aporte al PIB y limitan la minería, la industria y el comercio, cerrando oportunidades de empleo e ingresos fiscales.
En el suroeste antioqueño se han presentado protestas, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto con organizaciones ciudadanas de Jericó, han manifestado su preocupación. En el Tolima, más de 1.100 campesinos de ocho municipios interpusieron una tutela contra el Ministerio de Agricultura, denunciando vulneración de derechos fundamentales. Representantes del sector turismo advirtieron que las APPA ponen en riesgo actividades económicas clave. En la Sabana, alcaldes y campesinos expresaron su preocupación por la falta de información y participación, mientras que Camacol Bogotá y Cundinamarca señaló que se vulneran elementos del ordenamiento territorial.
