El senador Iván Cepeda presentó un conjunto de siete iniciativas de bienestar social como parte de su propuesta de gobierno. El plan se enfoca en expandir las coberturas de transferencias monetarias, fortalecer las compras públicas y dirigir recursos hacia adultos mayores, jóvenes, familias en situación de pobreza, personas con discapacidad, líderes sociales, campesinos y estudiantes.
Eje social de la propuesta
El documento plantea que la reducción de la pobreza y la desigualdad sería uno de los ejes centrales del programa de gobierno de Iván Cepeda. La propuesta se enmarca en una visión de economía “productiva, diversificada y socialmente incluyente”, donde el Estado tendría un papel emprendedor, innovador y estratégico. Según el texto, los programas no se presentan como medidas asistenciales, sino como políticas orientadas al reconocimiento de derechos, el fortalecimiento del tejido social, la productividad y la asociatividad microempresarial. La propuesta señala que el paquete implicaría un aumento cercano a los $3 billones, con fuentes como mayores ingresos de Ecopetrol, redireccionamiento del gasto público, eliminación de intermediación y acuerdos con gremios y empresa privada.
Transferencias para adultos mayores, jóvenes y familias
El primer programa es la ampliación de Colombia Mayor. Cepeda plantea sumar un millón de adultos mayores en situación de pobreza o pobreza extrema. El documento toma como punto de partida el aumento de beneficiarios de 1,5 millones a 3,2 millones y el incremento del bono pensional de $80.000 a $230.000 mensuales. La nueva ampliación tendría un costo estimado de $2 billones.
El segundo programa es Renta Joven. La propuesta busca pasar de 184.000 a 400.000 jóvenes beneficiarios, con transferencias entre $800.000 y $1 millón, de acuerdo con indicadores de matrícula, permanencia y excelencia académica. Estaría dirigida a jóvenes rurales y de periferias urbanas que estudien en universidades públicas o trabajen con el Estado mediante el Servicio Social para la Paz.
El tercer punto es Renta Ciudadana. El plan propone ampliar la cobertura de 800.000 a 1,6 millones de familias en cuatro años y mantener transferencias de $500.000 cada dos meses. Además, plantea conectar a las familias beneficiarias con proyectos asociativos productivos y crédito barato para 50.000 microempresas familiares cada año.
Discapacidad, liderazgo social y compras públicas
El cuarto programa es una renta para personas con discapacidad, basada en la Ley 2456 de 2025. El universo señalado es de 400.000 niñas, niños y jóvenes hasta los 29 años, en condición de discapacidad y pobreza. El costo estimado es de $400.000 millones.
El quinto programa se enfoca en la protección de líderes sociales. La propuesta contempla una renta básica, equivalente a un salario vital mensual, para 5.000 lideresas y líderes sociales en situación de riesgo. El documento indica que se financiaría con redireccionamiento del gasto público y que estaría vinculado al fortalecimiento comunitario y a obras de pequeña y mediana capacidad.
El sexto programa plantea que el Estado compre alimentos directamente a campesinos y comunidades rurales. La propuesta menciona tres compradores públicos: el ICBF, la Fuerza Pública y el Programa de Alimentación Escolar, que en conjunto adquieren cerca de $6 billones anuales en alimentos. El objetivo es reducir la intermediación y asegurar demanda para la producción campesina.
El séptimo programa es la compra de útiles escolares para dos millones de estudiantes rurales y de periferias urbanas. Cada kit incluiría maleta, ajedrez, balón, colores, útiles básicos y cartillas de la Comisión de la Verdad. El costo estimado es de $580.000 millones, con $200.000 millones financiados para una primera etapa, según el documento.
