La campaña presidencial de Paloma Valencia denunció un nuevo ataque contra una de sus sedes, esta vez en Bogotá. De acuerdo con un comunicado oficial difundido este jueves 21 de mayo, los hechos ocurrieron en las instalaciones ubicadas en la localidad de Chapinero, donde un grupo de personas habría ingresado para vandalizar el lugar.
El pronunciamiento llega en un momento especialmente tenso para la campaña, luego de que en semanas anteriores se reportaran amenazas, ataques contra sedes y denuncias de hostigamientos. El ambiente electoral vuelve a quedar marcado por hechos que encienden las alarmas sobre las garantías para hacer política en el país.
“La campaña de Paloma Valencia rechaza los ataques vandálicos perpetrados contra las instalaciones de nuestra sede en Bogotá, ubicada en la localidad de Chapinero”, señaló el comunicado.
Detalles del ataque
Según la declaración oficial, no se trató solamente de grafitis en una fachada. La campaña aseguró que varias personas irrumpieron en el lugar, pintaron las instalaciones, robaron elementos visibles del exterior y pusieron en riesgo la integridad de quienes estaban dentro de la sede en ese momento.
“Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento”, indicó el equipo de Valencia.
El hecho fue presentado por la campaña como parte de una cadena de actos de presión política que, según su lectura, no pueden ser normalizados en plena recta electoral. En su comunicado, el equipo de la candidata también relacionó este episodio con hechos recientes ocurridos en Antioquia, donde se registraron pintas ofensivas en cercanías a una vivienda asociada al expresidente Álvaro Uribe.
Falta de garantías para la oposición
La campaña fue más allá del rechazo al ataque puntual y calificó lo ocurrido como una “peligrosa escalada de odio político”. Además, señaló que estos hechos evidencian una falta de garantías para la oposición en Colombia, especialmente cuando faltan pocos días para las elecciones.
“Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de sectores radicalizados”, agregó el comunicado.
Este punto es clave porque la seguridad de Valencia ya venía siendo tema de discusión pública. En abril, el Gobierno anunció el refuerzo de sus medidas de protección después de denuncias de amenazas y actos vandálicos contra su campaña. Medios nacionales también reportaron que el Ministerio del Interior revisó su esquema de seguridad en medio de ese contexto electoral.
La campaña de Valencia pidió a las autoridades investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad para todos los actores políticos del país.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que investiguen lo ocurrido, identifiquen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para todos los actores políticos del país”, señaló el comunicado.
Hasta el momento, la campaña atribuyó los hechos a sectores radicalizados y mencionó en su pronunciamiento un antecedente que, según su versión, estaría vinculado al Pacto Histórico. Sin embargo, esa responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades competentes, por lo que cualquier señalamiento específico debe manejarse como denuncia de campaña y no como conclusión judicial.
El caso vuelve a abrir una discusión sensible: en una democracia, las diferencias políticas no pueden cruzar la línea de la intimidación, el vandalismo o el riesgo físico. La campaña electoral ya está lo suficientemente cargada de tensiones como para que las sedes políticas se conviertan también en escenario de confrontación.
