La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional descubrió sobrecupos superiores al 100% en varias cárceles y centros de detención del país, durante una ruta de inspecciones judiciales realizadas en los departamentos de La Guajira, Santander y Cesar. Las condiciones de hacinamiento son críticas y afectan gravemente la resocialización de las personas privadas de la libertad.
Condiciones extremas en centros de detención
En la estación de Policía El Caney de Cali, los magistrados abordaron problemáticas estructurales como el hacinamiento, las condiciones de salubridad y la falta de traslados oportunos a centros penitenciarios adecuados. Las visitas continuarán el 25 de mayo en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, y el 27 de mayo en El Barne y Cómbita, en Boyacá. Las diligencias son dirigidas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial; Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.
El caso más grave: La Permanente de Valledupar
El cuadro más crítico se registró en el centro de detención transitoria “La Permanente” de Valledupar, un inmueble administrado por el municipio y custodiado por la Policía Nacional. Allí permanecían 349 personas privadas de la libertad en un espacio con capacidad aproximada para 70, lo que representa una sobreocupación superior al 500%. De ellas, 328 contaban con boleta de traslado a establecimiento penitenciario y varias permanecían recluidas desde 2023 y 2024, pese a tratarse de un espacio de carácter transitorio. La Sala encontró adultos mayores entre los internos, zonas improvisadas para descanso, deterioro de cubiertas, deficiencias de ventilación y un número insuficiente de sanitarios y duchas.
Problemas sanitarios y de acceso a la justicia
En el plano sanitario, la Corte verificó que el establecimiento no cuenta con personal médico permanente y que la Nueva EPS no entregaba medicamentos desde el 20 de diciembre de 2025, situación que afectó la continuidad de tratamientos médicos de la población reclusa. A ello se sumó que durante 2025 se habrían perdido más de 1000 audiencias por falta de acompañamiento de defensores públicos y por problemas técnicos de conexión.
Hacinamiento en La Guajira y Santander
En La Guajira, la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha albergaba 366 personas privadas de la libertad en un establecimiento con capacidad para unos 100 cupos, una sobrepoblación cercana al 266%. Los magistrados encontraron internos durmiendo en colchonetas y hamacas improvisadas, limitaciones de ventilación, humedad, presencia de hongos e instalaciones eléctricas expuestas.
Por su parte, en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga permanecían 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada— en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 personas. La totalidad de la población superaba el límite de 36 horas, con casos de permanencia de hasta dos años. Personas privadas de la libertad llevan hasta cinco años recluidas en celdas concebidas para detenciones de 36 horas, duermen en hamacas improvisadas en lo que antes fue un parqueadero, almacenan agua en recipientes plásticos por falta de suministro continuo y se reparten patios diseñados para 15 internos que hoy concentran más de 50.
La ruta de inspecciones, ordenada por la Sala que vigila el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte sobre el sistema penitenciario y carcelario del país, continuará en las próximas semanas en otros centros de reclusión.
