La transición energética en Colombia avanza con efectos visibles en regiones dependientes del carbón, mientras trabajadores organizados y sindicatos advierten que el proceso no está asegurando condiciones laborales ni alternativas productivas para los territorios.
Impacto económico en regiones carboníferas
El paso de economías basadas en combustibles fósiles hacia fuentes renovables ya está generando transformaciones en zonas como La Guajira, Cesar y Boyacá, donde la actividad minera ha sido un eje económico durante décadas. Entre 2014 y 2024, el carbón se consolidó como el mineral de mayor valor en las exportaciones del país. Solo en 2024 alcanzó un valor FOB cercano a los 6.000 millones de dólares, superando al oro por aproximadamente 1.700 millones de dólares, según datos de la DIAN.
Este desempeño exportador contrasta con los efectos proyectados en el empleo. Estudios citados por organizaciones sindicales señalan que para 2035, Boyacá podría enfrentar una pérdida acumulada de cerca de 24.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, asociada al declive de la actividad carbonífera. En los territorios, los trabajadores describen un escenario marcado por la reducción de ingresos y la falta de alternativas claras.
En este contexto, los sindicatos han centrado su mensaje en la necesidad de medir la transición no solo por indicadores ambientales o capacidad instalada de energías limpias, sino también por su impacto social. “No nos oponemos a la transición energética. Pero no puede hacerse a costa de los trabajadores ni de los territorios que han sostenido este país y este modelo durante décadas”, afirmó Igor Díaz, representante del CIPAME.
Reconversión laboral y demandas de los trabajadores
Uno de los puntos centrales del debate es la reconversión laboral, entendida como el proceso mediante el cual los trabajadores adquieren nuevas habilidades para insertarse en sectores emergentes. Aunque las proyecciones indican que las energías renovables generarán empleo, los sindicatos sostienen que la implementación de programas de formación y transición es insuficiente frente a la velocidad del cambio económico.
Las organizaciones han planteado una serie de exigencias dirigidas a autoridades y actores del sector energético. Entre ellas se encuentran la participación efectiva en decisiones que impactan sus comunidades, la definición de una hoja de ruta para la transición laboral y productiva, la creación de programas de formación alineados con las realidades territoriales y el acceso a financiamiento para nuevas actividades económicas.
Estas demandas buscan responder a lo que los trabajadores consideran un desfase entre la planificación de la transición y su ejecución en los territorios. En regiones mineras, la disminución de la actividad no ha sido acompañada por un desarrollo paralelo de sectores alternativos que absorban la mano de obra disponible.
El debate también se ha trasladado a escenarios internacionales. Líderes sindicales han participado en encuentros como la COP y en conferencias recientes en Santa Marta, donde han expuesto la situación laboral asociada al proceso de transición. Sin embargo, advierten que su participación ha sido limitada en términos de tiempo e incidencia.
Nuevas formas de participación y organización
Ante estas restricciones, los trabajadores han comenzado a desarrollar estrategias para amplificar su voz en el debate público. Según explican, han impulsado procesos de formación en comunicación y han adoptado herramientas digitales para difundir sus perspectivas. “Hemos estado en espacios como la COP y otras conferencias internacionales, pero muchas veces no tenemos voz. Por eso decidimos capacitarnos en comunicación, sumarnos a campañas y aprender incluso a hacer videos y reels. No queremos que nuestra voz se quede por fuera”, señaló Díaz.
El uso de plataformas digitales y narrativas propias se ha convertido en un componente adicional de la discusión sobre transición energética. Para los trabajadores, el acceso a estos espacios influye en la forma en que se construyen las decisiones y se visibilizan los impactos en los territorios. “Si no contamos lo que está pasando en los territorios, otros lo van a contar por nosotros”, indicó el representante sindical. En la misma línea, añadió: “La transición energética también se juega en quién tiene la voz”.
En paralelo, en algunas regiones han surgido iniciativas impulsadas por los propios trabajadores para generar alternativas económicas. En el Cesar, tras el cierre de operaciones mineras, un grupo de extrabajadores conformó Asoextramicer, una asociación orientada a la reconversión productiva. El proyecto explora oportunidades en sectores agroindustriales y energéticos, con el objetivo de diversificar las fuentes de ingreso en el territorio.
Estas experiencias reflejan un proceso en el que los trabajadores buscan adaptarse a las nuevas condiciones económicas mientras continúan planteando sus demandas. Organizaciones como Coomustier, Sintraelecol, el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa y Renova-Acción han acompañado estos procesos mediante espacios de articulación y visibilización.
A pesar de estos avances, los sindicatos insisten en que la participación en la toma de decisiones sigue siendo limitada. “No se puede definir el futuro energético sin escuchar a quienes han sostenido históricamente este sistema”, afirmó Díaz, al referirse a la necesidad de integrar a los trabajadores en el diseño de políticas públicas.
