El Ministerio de Agricultura, con el objetivo de implementar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, ha establecido en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). Esta medida constituye un paso previo para declarar estas tierras como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La iniciativa busca proteger los suelos con vocación agrícola, frenar el cambio del uso del suelo e impulsar el desarrollo rural, basándose en los eslóganes de 'seguridad alimentaria' y 'Colombia potencia mundial de la vida'.
Implicaciones jurídicas y económicas
Aunque la narrativa oficial sostiene que las APPA no anulan derechos, la realidad jurídica evidencia una intervención estatal significativa. Los municipios y distritos deben subordinar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a las directrices del Ministerio de Agricultura. En este contexto, el Estado adquiere la facultad de imponer al propietario la obligación de ajustar su terreno a la vocación específica y a los cultivos que determine el Gobierno. Además, se prohíben actividades como minería, comercio e industria, y se establecen restricciones en la producción de flores, viveros o especies ornamentales, como ya ocurre en Antioquia, Tolima y Cundinamarca.
Todo esto se sustenta en el principio de la función social de la propiedad, estipulado en la Constitución, y en el derecho humano a la alimentación. Sin embargo, críticos señalan que el Gobierno nacional determinará qué actividades económicas son lícitas en dichas áreas, ignorando las competencias de los concejos municipales y limitando la capacidad de generar ingresos, impuestos, empleos y desarrollo local.
Debate sobre la propiedad privada
La iniciativa se enmarca en el contexto de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, pero lo que realmente se debate es la propiedad privada. Esta política se asocia con la colectivización del campo que implementó Rusia en su época, cuya doctrina busca suprimir la propiedad privada para transferirla al control estatal, una característica esencial del socialismo y el comunismo. Representa una transición del capitalismo hacia una planificación centralizada.
Con la farsa de la distribución de la riqueza, el ciudadano percibe que estas acciones le hacen perder la protección de la propiedad privada adquirida conforme a las leyes civiles y la Constitución. Esta perspectiva progresista, calificada por algunos como comunista, ha generado inquietudes en la ciudadanía colombiana debido a la inseguridad jurídica y patrimonial que representa. El temor es que se frustre la legítima aspiración de cada individuo de poseer su pequeña parcela.
Frente a estas circunstancias, surge la pregunta inevitable: ¿Está usted dispuesto a sufragar en favor de la persistencia de esta planificación que despoja al territorio de su futuro?
