La operación de la mina Cerro Matoso, ubicada en el sur de Córdoba, enfrenta una amenaza existencial luego de que la Corte de Alberta, en Canadá, avalara la solicitud de Canacol Energy para rescindir los contratos de suministro de gas natural en Colombia. La decisión judicial, que aún puede ser apelada, pone en riesgo la producción de ferroníquel, la estabilidad laboral de más de 2.000 trabajadores directos y el sustento de cerca de 50.000 personas en 25 comunidades aledañas.
Dependencia crítica del gas natural
Cerro Matoso explicó que el gas natural es un insumo esencial e insustituible en su proceso industrial. Canacol Energy proveía el 82% del combustible requerido para operar la planta. En las últimas semanas, la proveedora redujo unilateralmente las cantidades pactadas e impuso restricciones que afectan la disponibilidad del recurso. La compañía advirtió que, sin un suministro confiable, no es posible mantener operativos los equipos, en particular los dos hornos principales.
Una eventual suspensión del suministro obligaría a apagar estos hornos, lo que causaría daños estructurales cuya reparación tomaría más de diez meses. La rehabilitación de cada horno costaría entre $550.000 millones y $730.000 millones, según estimaciones de la empresa.
Proceso judicial y apelación
El fallo de la Corte de Alberta es de primera instancia. Cerro Matoso tiene un plazo de 21 días para presentar un recurso de apelación ante una corte de segunda instancia. La compañía aseguró que utilizará “todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación”.
Además, la empresa señaló que cualquier decisión definitiva deberá ser evaluada en Colombia por la Superintendencia de Sociedades, que determinará si el fallo canadiense es reconocido, considerando la soberanía nacional, la seguridad energética y el orden público colombiano.
Impacto laboral, económico y social
Un cese de actividades tendría consecuencias graves para la región. Más de 2.000 trabajadores perderían su empleo, y cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas se verían afectadas. La inversión social de Cerro Matoso en 2025 superó los $10.600 millones, recursos que se suspenderían si la mina cierra.
En el plano fiscal, el país dejaría de recibir aproximadamente $3.000 millones diarios por impuestos, regalías y adquisición de bienes y servicios. La empresa también advirtió que la terminación de los contratos de gas podría afectar el abastecimiento de poblaciones en la Costa Atlántica, con posibles incrementos en las tarifas del servicio.
Llamado a las autoridades
Cerro Matoso reiteró un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional para que intervengan. El objetivo es preservar el orden jurídico colombiano, proteger los derechos de trabajadores, contratistas y comunidades, y garantizar la continuidad de una operación que cumple 44 años en Córdoba.
