Los congresistas electos Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al próximo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, solicitando la derogación de varias resoluciones expedidas por el actual Gobierno que crean Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en diferentes regiones del país.
Críticas a las medidas del gobierno Petro
Según los legisladores, estas medidas restringen el uso de predios rurales sin la participación de las autoridades territoriales y generan incertidumbre jurídica para propietarios, productores e inversionistas. La representante electa Carol Stefanny Borda señaló: “Junto a Sara Castellanos y Daniel Briceño, congresistas electos, estamos solicitando al nuevo ministro de agricultura que revoque las resoluciones mediante las cuales el gobierno de Petro creó las áreas de protección para la producción de alimentos y las zonas de protección para la producción de alimentos. Consideramos que estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de 1000 de propietarios rurales y limitando la autonomía de los municipios y departamentos sobre el ordenamiento de su propio territorio”.
Solicitud de revisión del Decreto 1147 de 2024
Asimismo, pidieron revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para establecer límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina. Borda agregó: “El campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada. Su intento por limitar el uso del suelo de alguna forma debe tener un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales”.
Advertencias de organismos de control
En su carta, los congresistas sostienen que estas disposiciones ya han sido objeto de advertencias por parte de organismos de control. Señalan que la Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de estas figuras, mientras que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que sirve de fundamento para su creación. “Organismos como la Contraloría General de la Nación, de hecho, han advertido riesgos en la implementación de estas figuras, y la Procuraduría incluso solicitó a la corte constitucional revisar la constitucionalidad del artículo que les dio origen en el plan de desarrollo”, dijo la representante Borda.
Llamado a reglas claras para el campo
Los firmantes argumentan que el país necesita reglas claras, respeto por la propiedad privada y mayor seguridad jurídica para incentivar la inversión y la generación de empleo en el sector rural. Por ello, solicitaron al gobierno entrante revisar y dejar sin efecto estas medidas, al considerar que podrían afectar el desarrollo del campo colombiano y la autonomía de las entidades territoriales.
