La Corte Constitucional revivió parcialmente el decreto madre de la emergencia económica, lo que da viabilidad al cobro del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. Esta decisión se tomó luego de que el magistrado Miguel Polo Rosero presentara una ponencia para salvar el decreto que había sido declarado inexequible en abril de este año.
Detalles de la decisión judicial
El debate se realizó el miércoles 24 de junio en la sala plena de la Corte Constitucional. Con esta medida, se reactiva la posibilidad de que el Gobierno cobre este tributo a las empresas, que habían visto con alarma la posibilidad de un nuevo gravamen.
El impuesto al patrimonio para personas jurídicas había sido declarado inexequible en abril, pero ahora, con la reviviscencia parcial del decreto de emergencia económica, las empresas deberán prepararse para cumplir con esta obligación tributaria.
¿Cuánto recaudó este impuesto?
Con la emergencia económica se solicitaba una nueva tributación para las sociedades que al 1 de marzo de 2026 poseían un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a $10.474 millones. El patrimonio líquido corresponde al total de activos de una empresa menos sus deudas.
La norma fijaba una tarifa general del 0,5% sobre la base gravable del patrimonio líquido. Sin embargo, hay un tratamiento diferencial para sectores económicos, con una tarifa del 1,6% en casos específicos. Las compañías que deben pagar esta alícuota superior son, entre otras: entidades del sector financiero (bancos y corporaciones financieras), aseguradoras y comisionistas de bolsa, y empresas dedicadas a actividades mineras y energéticas, especialmente extracción de petróleo y carbón.
Antes de que fuera declarado inexequible, este impuesto no logró cumplir las expectativas del Gobierno. Aunque las empresas con patrimonios superiores a $10.474 millones pagaron dos cuotas extraordinarias, el recaudo alcanzó apenas $5,1 billones, lejos de la meta de $8,3 billones fijada para financiar la emergencia económica decretada por la ola invernal.
Detalles del recaudo
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), de los $5,1 billones recogidos, estos se dividieron en $2,4 billones de la primera cuota pagada el primero de abril y $2,7 billones en la segunda cuota pagada el 4 de mayo. En otras palabras, al Gobierno le hicieron falta $3,2 billones para llegar a la meta trazada.
La decisión de la Corte Constitucional genera incertidumbre entre las empresas, que ahora deberán asumir nuevamente este gravamen. Se espera que en los próximos días el Gobierno defina los mecanismos de cobro y los plazos para el pago del impuesto.
