Una de las joyas de la corona de la economía colombiana es, sin lugar a dudas, el cultivo del café y lo que este representa para más de medio millón de personas que viven de su siembra, cosecha, industrialización, exportación y del turismo en torno al grano. No es un producto más en la agricultura, es el emblema y el pilar de la economía para una buena parte de los 20 millones de familias del país.
En casi todos los departamentos de Colombia se cultiva café. En más del 80% de los 1.103 municipios existe una actividad agroindustrial ligada a este cultivo, lo que justifica la existencia del Fondo Nacional del Café (FoNC), una cuenta parafiscal que maneja cerca de $300.000 millones destinados al desarrollo de las regiones y sus habitantes. Durante más de un siglo, gracias a estos recursos, los cafeteros han construido carreteras y acueductos, han llevado electrificación a zonas rurales y, en la actualidad, han impulsado el desarrollo sostenible de sus comunidades.
A lo largo de las distintas administraciones del fondo, los reclamos sobre su manejo han sido mínimos. Su aporte al desarrollo regional es fehaciente, especialmente en aquellos lugares donde el Gobierno no llega y se requiere una verdadera presencia institucional. Que Colombia sea un país cafetero es el resultado del arduo trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y del fondo parafiscal que administra; podría decirse que es la mejor transferencia de impuestos que ha existido en nuestra historia.
La región cafetera —otrora concentrada solo en el Eje Cafetero y en una buena parte de Antioquia— ha sido siempre sinónimo de pujanza y desarrollo, fruto del histórico cordón umbilical que nos une al grano, pilar de las exportaciones y protagonista del progreso. La Federación, como administradora eficiente del fondo, ha construido infraestructura con más efectividad que los gobiernos locales y regionales. Se trata de un mecanismo irreemplazable de transferencia de riqueza, equidad e igualdad. Por tanto, que la administración central de turno pretenda retardar o torpedear la continuidad en el manejo del FoNC resulta peligroso para la economía cafetera, la cual quedaría sumida en un grave limbo de inversiones.
No existe un gremio que demuestre una mejor administración de sus parafiscales; por lo que no hay razón que justifique la intención del Gobierno de entorpecer esa labor. De acuerdo con datos de la FNC, en los últimos 10 años se han recaudado $3,7 billones por la contribución cafetera, y los cuatro bienes públicos cafeteros han demandado inversiones por $6 billones. Solo en investigación científica se han invertido $365.000 millones. Este conocimiento se transfiere de manera gratuita a cada caficultor mediante asistencia técnica del Servicio de Extensión, presente en 611 municipios cafeteros de 23 departamentos, lo que ha requerido $1,7 billones en la última década.
A esto se suman proyectos de inversión social, como escuelas, centros de salud, abastos de agua, infraestructura vial e industrialización para la generación de valor. Como señaló el gerente de la Federación, Germán Bahamón, en su columna publicada en este diario, la entidad “ha sido la única que, a partir del uso correcto de la parafiscalidad, ha creado un activo intangible de la magnitud de la marca Café de Colombia, generadora hoy de ingresos por regalías. Las que ha recibido el FoNC por el uso de la marca Juan Valdez ascienden a $324.000 millones corrientes”. Estas cifras dan fe de que dicho manejo ha sido un puntal de desarrollo para el agro.
