El Gobierno Nacional está explorando la opción de entregar la administración del Fondo Nacional del Café a cooperativas y asociaciones cafeteras, según información conocida por Portafolio. Esto ocurre mientras el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Federación Nacional de Cafeteros para definir la renovación del contrato de administración, que vence el próximo 6 de julio.
Preocupación por posibles cambios en la administración del Fondo
La posibilidad de modificar el esquema actual de administración del Fondo Nacional del Café ha generado alerta entre los actores del sector. De acuerdo con documentos institucionales, la no prórroga oportuna del contrato representa un riesgo para más de 557.000 familias cafeteras y para la operación de instrumentos considerados fundamentales para el funcionamiento de la cadena productiva.
Una fuente que pidió no ser identificada afirmó: "Se ha dicho que mientras el Gobierno sostiene las reuniones de negociación de la renovación del contrato con la Federación Nacional de Cafeteros, que incluso tienen una reunión este martes, también ha habido acercamientos con otros órganos del sector como las cooperativas, asociaciones y dignidades".
Implicaciones económicas y sociales
La Garantía de Compra, mecanismo que permite a los productores vender su café bajo una referencia pública de precio, es uno de los principales puntos de atención. Sin este mecanismo, los cafeteros podrían recibir hasta un 20% menos por cada carga comercializada, lo que afectaría los ingresos de los hogares y la capacidad de inversión en las fincas.
Además, la red de cooperativas cafeteras también está expuesta a los riesgos derivados de la incertidumbre institucional, debido a que el sistema de compra de café depende de la estabilidad operativa y financiera de estas organizaciones. Cualquier señal de indefinición podría afectar la liquidez y la confianza comercial en las regiones.
Bienes públicos y servicios clave en riesgo
El Fondo Nacional del Café financia bienes públicos como Cenicafé y el Servicio de Extensión, herramientas clave para la productividad, la renovación de cultivos, la adaptación climática y el manejo de enfermedades. Una eventual alteración del modelo vigente también tendría implicaciones sociales, ya que la caficultura representa una fuente de empleo e ingresos para miles de familias campesinas en numerosos municipios.
Las fuentes advierten que "la inacción también destruye" y que el Gobierno "no necesita anunciar una ruptura para causar daño". Basta con permitir que avancen los tiempos sin una definición clara para generar efectos sobre la confianza del mercado y la operación de los mecanismos que soportan la actividad cafetera.
Llamado a la prórroga oportuna del contrato
El llamado de los actores del sector es a que el Gobierno Nacional prorrogue oportunamente el contrato de administración del Fondo Nacional del Café con la Federación Nacional de Cafeteros. Esta decisión permitiría preservar la Garantía de Compra, proteger los bienes públicos cafeteros y evitar impactos sobre las familias que dependen de una actividad que está próxima a cumplir 100 años de construcción institucional.
