El Gobierno nacional no adoptará una decisión definitiva sobre el futuro de Air-e durante el resto del mandato del presidente Gustavo Petro. Así lo afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien indicó a través de su cuenta de X que cualquier determinación sobre la empresa requerirá análisis y estudios que se extenderán más allá del 7 de agosto de 2026, fecha en que concluye la actual administración.
Reunión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética
La declaración se produjo tras una reunión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse), en la que participaron representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y diversos gremios del sector energético. En ese espacio, según explicó el funcionario, se evaluó el estado de la intervención de Air-e y las alternativas para garantizar la continuidad del servicio en la región Caribe.
“Ahora, para que cualquier situación relacionada con esa empresa avance o se defina, se requieren análisis y estudios que no se definirán en lo que queda del Gobierno. Ante todo, el Estado debe garantizar la provisión continua del servicio. En el debate electoral, nadie habla de ello”, expresó Palma.
El ministro recordó además que el modelo de intervención aplicado sobre Air-e desde hace más de un año tiene fines liquidatorios, por lo que insistió en que no se trata de una situación nueva dentro del proceso que enfrenta la compañía.
Creciente preocupación por el servicio en la región Caribe
La declaración cobra relevancia en momentos en que aumentan las inquietudes sobre el futuro de la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, departamentos donde opera la empresa. También coincide con los llamados de varios gremios energéticos para que cualquier decisión esté respaldada por fundamentos técnicos, jurídicos y financieros.
Propuesta para el próximo Gobierno
Más allá de la situación inmediata de Air-e, Palma planteó una fórmula para la administración que llegue a la Casa de Nariño en 2026. Según explicó, el próximo Plan Nacional de Desarrollo debería contemplar la creación de una empresa comercializadora de energía con participación mayoritariamente pública para asumir el mercado que hoy atiende la compañía intervenida.
“El próximo PND debería incluir la creación de una empresa predominantemente pública con una gobernanza corporativa estricta para la provisión del servicio de electricidad en el mercado Air-e”, manifestó.
La iniciativa fue reiterada durante una visita oficial a Sucre, donde el jefe de la cartera minero-energética participó en la entrega de proyectos de energía solar dirigidos a comerciantes del Nuevo Mercado de Sincelejo y en la socialización de programas para familias del municipio de San Antonio de Palmito.
Durante esa jornada, el ministro defendió las medidas impulsadas por el Gobierno para reducir los costos de la energía a través de comunidades energéticas, granjas solares y sistemas fotovoltaicos para hogares y pequeños negocios.
“Estamos demostrando con hechos que sí es posible bajar las tarifas. Lo hacemos con comunidades energéticas, granjas solares y proyectos para comerciantes, tenderos y familias vulnerables. Mientras algunos se dedican a hacer política desde las redes sociales, el Gobierno del presidente Gustavo Petro está transformando el modelo energético desde los territorios”, afirmó.
Afinia y el debate sobre el servicio en el Caribe
En medio de la discusión sobre el futuro de Air-e, Palma también reveló que Afinia estaría evaluando la posibilidad de separar el mercado del Cesar de su operación actual. Aunque no entregó detalles sobre el alcance de esa iniciativa ni presentó documentación al respecto, indicó que se trata de una alternativa que está siendo estudiada.
“Afinia, por ejemplo, ya está proponiendo escindir el mercado Cesar, algo que estudiamos”, señaló.
Las declaraciones se producen mientras persisten las preocupaciones por la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico en la región. Los gremios del sector han advertido que aún no existe una hoja de ruta concreta para garantizar la prestación del servicio durante el proceso de intervención de Air-e y han solicitado mayor claridad sobre las fuentes de financiación que respaldarán la operación.
Las organizaciones también han alertado sobre las obligaciones acumuladas por la empresa dentro del mercado eléctrico, que ascienden a cerca de 2,7 billones de pesos.
Cruce de críticas entre Gobierno y dirigentes regionales
El ministro aprovechó además para responder a distintos sectores políticos y gremiales que han cuestionado la gestión del Gobierno en materia energética. Entre ellos mencionó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; y a representantes gremiales del Atlántico.
Palma sostuvo que buena parte de los problemas que hoy enfrenta el Caribe tienen origen en decisiones adoptadas durante años por actores políticos y económicos vinculados al sector energético.
“Hay muchos ‘expertos’ que hablan todos los días, pero no proponen nada”, afirmó el ministro al referirse al debate que rodea el futuro del servicio eléctrico en la región.
El funcionario también defendió las inversiones realizadas por el Gobierno en proyectos solares y aseguró que estas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a ampliar la generación distribuida y fortalecer la participación de las comunidades en el sistema energético.
