El gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, anunció el 4 de mayo la reducción al 75% de los aranceles aplicados a productos colombianos, tres días después de que entrara en vigor una tasa del 100%. La medida busca aliviar la tensión bilateral y avanzar en cooperación en seguridad y desarrollo fronterizo, según la Presidencia ecuatoriana.
La escalada arancelaria comenzó en enero con un gravamen del 30%, que subió al 50% y luego al 100% el 1 de mayo, como respuesta de Quito a la presunta falta de acción de Colombia contra el narcotráfico y la minería ilegal. Solo productos petroleros y energéticos quedaron exentos, afectando al resto de exportaciones colombianas.
Colombia calificó la medida de “incumplimiento flagrante” del Acuerdo de Cartagena y respondió suspendiendo la interconexión eléctrica y cerrando pasos fronterizos para productos agrícolas ecuatorianos como arroz y banano. Además, el Ministerio de Comercio preparó un decreto para elevar aranceles a productos ecuatorianos hasta el 75%.
Proyecciones técnicas indican que, de mantenerse la disputa, las exportaciones colombianas a Ecuador podrían caer un 79%, con pérdidas de 1.452 millones de dólares. Organizaciones empresariales de ambos países pidieron negociar para evitar el colapso del intercambio regional.
La candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que la reducción responde a gestiones propias, tras una conversación con Noboa en la que ofreció cooperación en seguridad fronteriza. Valencia criticó al gobierno de Gustavo Petro por su manejo del conflicto.
Las fricciones incluyen un bombardeo ecuatoriano en marzo que cayó en territorio colombiano sin detonar, y declaraciones cruzadas sobre vínculos con el narcotráfico. El ajuste arancelario se da en un contexto de intentos de diálogo.
