Estados Unidos inicia histórica devolución de aranceles tras fallo judicial contra Trump
El gobierno de Estados Unidos comenzó este lunes un proceso sin precedentes: la devolución de más de 166.000 millones de dólares en aranceles cobrados durante la administración de Donald Trump, luego de que la Corte Suprema los declarara ilegales. Esta monumental restitución fiscal representa uno de los reembolsos más grandes en la historia reciente del país y constituye un revés significativo para una de las principales banderas económicas del expresidente.
El fallo que cambió las reglas del juego comercial
La decisión llega dos meses después de que la Corte Suprema, en una votación de 6-3, determinó que Trump no tenía autoridad para imponer estos aranceles utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El tribunal concluyó que el uso de esta norma para establecer tarifas en tiempos de paz excedía las facultades presidenciales, invalidando no solo los llamados aranceles "recíprocos", sino también medidas como los gravámenes del 25 por ciento a México y Canadá.
El impacto de esta decisión es profundo, pues no solo obliga al gobierno a devolver el dinero recaudado, sino que limita sustancialmente el margen del Ejecutivo en materia comercial y reafirma que dichas determinaciones deben ser aprobadas primero por el Congreso.
Un sistema diseñado para millones de solicitudes
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habilitó un portal digital denominado CAPE para que miles de empresas afectadas puedan solicitar el reembolso de estos cobros. En esta primera fase, el sistema cubrirá aproximadamente al 63 por ciento de las compañías elegibles, aquellas cuyos pagos aún no han sido liquidados de manera definitiva dentro del proceso aduanero.
Las cifras oficiales revelan la magnitud del proceso:
- Más de 330.000 empresas importadoras pagaron estos aranceles
- Se registraron más de 53 millones de transacciones comerciales afectadas
- Hasta el 9 de abril, unas 56.500 compañías ya habían iniciado trámites para recuperar cerca de 127.000 millones de dólares
Según el gobierno, una vez aprobadas las solicitudes, los reembolsos podrían tardar entre 60 y 90 días en hacerse efectivos.
Consecuencias financieras y legales de largo alcance
La devolución tiene implicaciones significativas para las finanzas públicas de Estados Unidos. Además de los 166.000 millones de dólares que ahora deberán ser devueltos, se suman intereses que podrían ascender a cientos de millones adicionales cada mes. Esto representa una pérdida de recursos en un momento en que el gobierno enfrenta presiones fiscales y debates sobre el gasto público.
Para las empresas, especialmente aquellas que dependen de insumos importados, la devolución representa un alivio financiero importante, aunque tardío. Durante más de un año, las compañías optaron por tres caminos:
- Absorber el costo de los aranceles
- Recortar gastos operativos
- Trasladar el aumento a los consumidores
Sin embargo, expertos advierten que no existe obligación legal para que las empresas devuelvan ese dinero a los consumidores, lo que significa que millones de personas que pagaron precios más altos difícilmente verán una compensación directa.
La respuesta de Trump y el futuro de la política comercial
Lejos de abandonar su estrategia, Trump reaccionó rápidamente al fallo judicial. Apenas días después de que la corte se pronunció, anunció un nuevo arancel global del 10 por ciento, esta vez amparado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este gravamen, de carácter temporal, entró en vigor el 24 de febrero y tiene una duración de 150 días, hasta el 23 de julio.
El proceso de devolución no está exento de tensiones. Más de 3.000 empresas, incluidas gigantes como Costco y FedEx, demandaron al gobierno incluso antes del fallo de la Corte Suprema, buscando garantizar el reembolso. Además, persisten dudas sobre la implementación, pues la administración tuvo que diseñar desde cero un sistema capaz de procesar millones de solicitudes y diferenciar entre aranceles legales e ilegales.
Este histórico fallo marca un punto de inflexión en la política comercial estadounidense, reafirmando los límites del poder presidencial y estableciendo precedentes que probablemente influirán en futuras administraciones.
