Gremios empresariales de Colombia y Ecuador alertan sobre crisis comercial por aranceles del 50%
Mientras los aranceles del 50% a productos colombianos ya están vigentes en Ecuador desde el 1 de marzo, el sector empresarial de ambos países ha decidido intervenir públicamente para intentar frenar una escalada que, en poco más de un mes, pasó de la seguridad fronteriza a una confrontación comercial abierta. Este lunes 2 de marzo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) fijaron una postura conjunta frente a las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Bogotá y Quito.
Impacto económico y laboral en riesgo
Juan Carlos Navarro, vocero del Comité Empresarial Ecuatoriano, insistió en que el debate no debe centrarse en la asignación de culpas, sino en el impacto real de las decisiones. "No se trata de quién tiene la razón", dijo, subrayando que las medidas se traducen en inversiones detenidas y empleos en riesgo. Advirtió que el impacto actual aún no refleja el efecto estructural que podría sentirse en los próximos meses, y manifestó disposición para colaborar técnicamente con las autoridades.
Desde Bogotá, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, explicó que existe una gran cantidad de industrias diseñadas para suplir el mercado ecuatoriano, con casos donde más del 70% de la producción de ciertas empresas colombianas se vende en ese país. "Conocemos el caso de empresas que pueden perder completamente su viabilidad", advirtió, incluyendo las restricciones al empleo por consecuencias de los aranceles. Mac Master subrayó que el rol de los empresarios es técnico, pero expresó preocupación por la sucesión de medidas adoptadas desde finales de enero.
Llamados a la defensa del comercio legal
Desde Colombia, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), endureció el llamado, señalando que uno de los puntos críticos ha sido el incumplimiento de compromisos previos. "Se han hecho compromisos, pero no se han cumplido", afirmó, con énfasis en la defensa del comercio legal. María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, argumentó el efecto de la medida sobre la economía ecuatoriana, advirtiendo que por cada dólar de recaudación se pierden seis dólares de importación formal.
Jervis apuntó a un efecto negativo: la sustitución de comercio formal por canales informales o contrabando, especialmente en una frontera históricamente permeable. Según sus estimaciones, esta cadena productiva involucra 2.000 empresas y alrededor de 200.000 empleos relacionados, con un impacto potencial de al menos un punto en el PIB.
Origen y escalada del conflicto
El conflicto no comenzó como una discusión económica tradicional, sino como una medida asociada a la seguridad fronteriza. El 21 de enero de 2026, el gobierno ecuatoriano anunció un arancel general del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, justificado por el presidente Daniel Noboa en la necesidad de fortalecer la seguridad. La respuesta colombiana incluyó medidas equivalentes, restricciones logísticas y la suspensión de transacciones de electricidad con Ecuador.
La escalada avanzó rápidamente, con Ecuador incrementando en más de 900% la tarifa para transportar crudo colombiano, y ambos países presentando reclamos ante la Comunidad Andina (CAN). El 26 de febrero, Ecuador anunció que elevaría el arancel del 30% al 50% a partir del 1 de marzo, invocando criterios de seguridad nacional.
Dimensión económica del comercio bilateral
La dimensión del conflicto se explica por el alto nivel de integración económica entre ambos países. En 2025, Colombia exportó USD 1.846 millones a Ecuador, su sexto comprador y segundo destino de bienes no minero-energéticos, con más de 2.800 empresas colombianas involucradas. Ecuador exportó alrededor de USD 857 millones a Colombia, con una balanza comercial históricamente favorable para Colombia.
El Consejo Gremial Nacional estimó que, con un arancel del 30%, las pérdidas anuales para exportadores colombianos podrían ubicarse entre USD 250 millones y USD 750 millones. Con el aumento al 50%, el impacto podría ser mayor, afectando un comercio bilateral que supera los USD 2.700 millones anuales. En conjunto, los gremios coinciden en que el comercio bilateral no es marginal ni sustituible en el corto plazo, urgiendo una solución negociada para evitar más daños económicos y laborales.
