La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 4.679 millones de pesos a la empresa de telecomunicaciones Movistar por infringir las normas de portabilidad numérica en Colombia. La sanción, oficializada mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, se originó a raíz de denuncias presentadas por otros operadores del sector.
Incumplimientos detectados en el proceso de portabilidad
La investigación adelantada por la SIC determinó que Movistar, en su rol de operador donante, no entregó de manera oportuna o, en algunos casos, simplemente no proporcionó el NIP (Número de Identificación Personal) a los usuarios que deseaban cambiarse a otra compañía. Este código es esencial para completar la portabilidad, ya que funciona como una llave que valida y ejecuta el traslado de la línea telefónica dentro de los plazos establecidos.
Además, la compañía realizó acciones de retención de clientes, enviando ofertas comerciales antes de suministrar el NIP, lo que interfirió directamente en el trámite de cambio de operador. Estas prácticas fueron consideradas como incumplimientos regulatorios que afectan la libre elección de los usuarios, un derecho fundamental en el mercado de telecomunicaciones.
Antecedentes y medidas de la SIC
La SIC había emitido previamente una orden para corregir estas conductas, pero Movistar no demostró haber cumplido con dicha disposición. Ante esta situación, el organismo de control decidió imponer la sanción económica, reiterando su compromiso de vigilar el sector para evitar abusos y garantizar los derechos de los consumidores colombianos.
La multa asciende a más de 4.600 millones de pesos, una cifra significativa que busca enviar un mensaje claro a todas las empresas del sector sobre la importancia de respetar las normas de portabilidad y competencia leal.
¿Qué es la SIC y cómo opera en Colombia?
La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad del Estado colombiano adscrita al sector Comercio, encargada de proteger a los consumidores, vigilar la libre competencia y administrar la propiedad industrial. Actúa como autoridad administrativa con funciones de inspección, vigilancia y control sobre empresas de diversos sectores.
Una de sus principales tareas es garantizar que las empresas respeten los derechos de los consumidores. Para ello, recibe quejas, investiga posibles abusos y puede imponer sanciones cuando detecta incumplimientos, como publicidad engañosa, fallas en productos o servicios deficientes. Además, la SIC protege la libre competencia económica, evitando prácticas como acuerdos ilegales entre empresas (carteles), abuso de posición dominante o cualquier conducta que afecte el mercado y perjudique a los usuarios. En estos casos, también puede imponer multas y ordenar correctivos.
Otro rol clave es la gestión de la propiedad industrial, donde registra marcas, patentes y diseños industriales, otorgando derechos exclusivos a sus titulares. La entidad también supervisa la protección de datos personales, asegurando que empresas y organizaciones manejen adecuadamente la información de los ciudadanos.
En resumen, la SIC busca que los mercados funcionen de manera justa, transparente y en beneficio de los consumidores en Colombia.
