Los residentes del barrio Altos de Santana, en el municipio de Floridablanca, han comenzado a alzar sus voces frente a lo que califican como incrementos desproporcionados en las tarifas de los servicios públicos. Según denuncian, recientes y poco claros cambios en la estratificación socioeconómica habrían derivado en aumentos injustificados en los cobros mensuales, afectando de manera directa la economía de numerosas familias.
El caso de doña Hilda
Entre los casos más representativos se encuentra el de la suscriptora del servicio de acueducto, Hilda Ortega Calderón, quien, con recibo en mano, evidenció incrementos que superan el 100 % frente a facturaciones anteriores. Ella, quien reside en la carrera 39 No. 8-31, piso 2, manifestó su preocupación ante lo que considera “una medida arbitraria” que no se ajusta a las condiciones reales de su vivienda ni a su capacidad de pago.
Los habitantes de Altos de Santana solicitan a las autoridades competentes y a las empresas prestadoras de servicios públicos una revisión urgente de los procesos de estratificación aplicados en la zona. De igual forma, solicitan mayor transparencia en la facturación y la implementación de mecanismos de reclamación claros y eficaces que permitan corregir lo que consideran “cobros excesivos e injustificados”.
Más denuncias de la comunidad
A estas voces de inconformidad se suman otros residentes del sector, quienes aseguran enfrentar situaciones similares. Luis Fernando Gómez, comerciante y habitante desde hace más de 15 años, señaló que su factura de energía pasó de un promedio de 120.000 a más de 250.000 pesos en el último mes. “No hemos cambiado nuestros hábitos de consumo ni tenemos nuevos electrodomésticos; simplemente llegó el recibo con un valor que no podemos explicar”, afirmó. Por su parte, María Elena Ríos, madre cabeza de hogar, indicó que ha tenido que priorizar el pago de los servicios sobre otros gastos esenciales: “Es muy duro tener que decidir entre pagar la luz o hacer mercado para mis hijos”.
En la misma línea, líderes comunitarios advierten que esta situación podría derivar en un aumento de la morosidad y eventuales suspensiones del servicio si no se adoptan medidas oportunas. Henry Plata, representante de la Veeduría de Servicios Públicos, hizo un llamado a las entidades responsables para que realicen visitas técnicas y verifiquen las condiciones reales de las viviendas. “La gente no se opone a pagar lo justo, pero sí aspira a que se respeten las condiciones socioeconómicas del barrio. Aquí hay familias que no tienen cómo asumir estos incrementos”, expresó.
Mientras tanto, los habitantes continúan organizándose para presentar derechos de petición colectivos y, de ser necesario, acudir a instancias legales que les permitan defender sus derechos y exigir soluciones de fondo a una problemática que, aseguran, compromete su estabilidad económica.
