Las conexiones ilegales, la manipulación de medidores y el robo de energía continúan siendo uno de los principales problemas que afectan al sistema eléctrico en Colombia, especialmente en la región Caribe. Aunque a menudo se perciben como prácticas aisladas, sus efectos terminan trasladándose al bolsillo de millones de usuarios que sí pagan el servicio. En el sector energético, estas irregularidades se conocen como “pérdidas no técnicas”, un concepto que engloba toda la energía consumida que no logra ser facturada debido a fraudes, conexiones clandestinas o alteraciones en las redes eléctricas.
Impacto en las tarifas eléctricas
Según expertos del sector y decisiones regulatorias recientes, parte de esas pérdidas históricamente terminaron incorporándose en la tarifa que pagan los usuarios. En la región Caribe, este fenómeno llegó a representar hasta un 24 % adicional en las facturas de energía, de acuerdo con análisis citados por el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta. Esta situación fue una de las razones por las que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) decidió desmontar en 2025 varios componentes del régimen tarifario especial que aplicaba exclusivamente para la Costa Caribe, entre ellos los cobros asociados a pérdidas no técnicas y cartera morosa.
Millonarias pérdidas por fraudes energéticos
Las empresas comercializadoras aseguran que el fraude energético genera pérdidas multimillonarias cada año. En Cartagena, por ejemplo, Afinia reportó más de 23 mil irregularidades detectadas durante parte de 2025, entre manipulaciones de medidores, conexiones ilegales y redes fraudulentas. Según la compañía, las pérdidas asociadas a estos fraudes superaron los $34 mil millones en apenas algunos meses del año pasado. En otros departamentos del Caribe también se han identificado transformadores ilegales y redes clandestinas que afectan la estabilidad del sistema eléctrico y generan riesgos para las comunidades.
¿Por qué afecta a todos?
El problema no solo impacta financieramente a las empresas prestadoras. Cuando una parte importante de la energía distribuida no se factura, el sistema enfrenta mayores costos operativos y dificultades para sostener inversiones en infraestructura, mantenimiento y modernización de redes. Los expertos advierten que esto puede traducirse en:
- Mayores costos del servicio
- Menor capacidad de inversión
- Deterioro de la calidad del suministro
- Mayores riesgos de interrupciones eléctricas
Además, las conexiones ilegales suelen realizarse sin cumplir normas técnicas ni de seguridad, aumentando el riesgo de incendios, cortocircuitos y accidentes eléctricos.
El fraude de energía, un desafío estructural
La problemática ha sido reconocida incluso por organismos regulatorios y asociaciones del sector energético. ASOCODIS, gremio que reúne a empresas distribuidoras de energía, ha señalado que la región Caribe concentra gran parte de las dificultades relacionadas con pérdidas, subsidios e impagos del sistema eléctrico nacional. Mientras tanto, las empresas continúan reforzando operativos de inspección y campañas de legalización del servicio para reducir el fraude y disminuir el impacto económico que estas prácticas generan sobre los usuarios formales. En medio del debate sobre las altas tarifas de energía, el fenómeno de las pérdidas no técnicas sigue apareciendo como uno de los factores que más presiona el costo final del servicio en varias regiones del país.
