La campaña presidencial del general Gustavo Matamoros se ha visto envuelta en una controversia luego de que 14 integrantes del equipo denunciaran que llevan cinco meses sin recibir el pago de sus honorarios. Mientras los afectados hablan de incumplimientos, la campaña sostiene que los contratos vencieron en febrero y que cualquier deuda corresponde a una empresa externa vinculada a la familia del candidato.
Documentos que comprometen a la familia
La empresa externa, denominada International Market Consultant, tiene como representante legal a Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato y actual gerente de la campaña acreditado ante el Consejo Nacional Electoral. El suplente es el propio general Matamoros Camacho. Es decir, padre e hijo aparecen como responsables de la firma que contrató al personal.
Aunque el general insiste en que las obligaciones terminaron el 26 de febrero, los documentos cuentan otra historia. La cláusula sexta establece que la contratación se renovaba automáticamente según las necesidades operativas, y hay testigos de labores realizadas hasta finales de abril. Además, existe un acuerdo de pago firmado en mayo, en el que se comprometían a cancelar las deudas a más tardar el día 6 y reconocer intereses en adelante.
Transparencia en entredicho
El caso abre preguntas sobre el manejo de los recursos de campaña y la rendición de cuentas. Transparencia por Colombia confirmó que nueve campañas ya presentaron sus reportes financieros, pero cinco siguen en rojo. Entre ellas, la del general Matamoros, junto con las de Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño y Clara López, quien pese a haber renunciado debe entregar la información.
La situación más llamativa es la de Luis Gilberto Murillo, aunque se adhirió a la campaña del candidato por el Pacto Histórico Iván Cepeda, no ha presentado su carta de renuncia ante la Registraduría. Eso significa que sus votos seguirán contándose y serán válidos en el escrutinio.
