La industria de alimentos en Colombia ha encendido las alarmas ante el proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca derogar la Resolución 810 de 2021, advirtiendo sobre riesgos de inestabilidad jurídica, costos operativos elevados y afectaciones para las empresas que ya habían ajustado sus empaques conforme a la normativa vigente.
Preocupación por cambios frecuentes en las reglas
El análisis consolidado recoge pronunciamientos de la Cámara de Alimentos de la Andi, Asoleche, el Observatorio Nacional de la MiPyme, ACTA y sindicatos, que cuestionan que el Gobierno avance en un nuevo marco de etiquetado frontal sin una evaluación ex post previa. Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la Andi, aseguró que el Ministerio pretende cambiar “las reglas del juego por cuarta vez en menos de cinco años”.
Impacto en la planeación empresarial
Para la industria, el problema no es solo el contenido del cambio, sino la frecuencia con la que se modifican las reglas. El documento advierte que los cambios regulatorios en periodos cortos dificultan la planeación empresarial, especialmente en organizaciones con menores márgenes. Rosmery Quintero Castro, presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, señaló que “los cambios regulatorios frecuentes en periodos cortos generan incertidumbre y dificultan la planeación empresarial, especialmente en organizaciones con márgenes reducidos y capacidades administrativas limitadas”.
Composición del sector agrava el impacto
La alerta adquiere mayor dimensión por la composición del sector. En Colombia hay 51.200 empresas de alimentos y, de acuerdo con el documento, el 98,5% son micro, pequeñas y medianas empresas, lo que amplifica el impacto operativo de cualquier rediseño. Montes también advirtió que la medida impone cargas técnicas y económicas que ponen en riesgo la competitividad del sector, especialmente para ese universo de micro y pequeñas empresas que concentra la mayor parte del tejido productivo alimentario del país.
Esfuerzos previos de adecuación
Los gremios sostienen que la industria ya hizo un esfuerzo reciente para adecuarse a las reglas vigentes. Ese proceso implicó rediseñar empaques, reprogramar líneas, ajustar inventarios y asumir costos que muchas empresas, especialmente las pequeñas, no tenían previstos.
El sello de ultraprocesado genera controversia
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la creación del sello de advertencia “ULTRAPROCESADO”. Según el documento, este sello podría aplicarse con el uso de un solo aditivo alimentario, incluso en productos con características nutricionales muy distintas. Desde la Cámara de Alimentos de la Andi se advierte que ese sello no existe en ninguna otra regulación del mundo y que podría estigmatizar procesos tecnológicos necesarios para la inocuidad, la vida útil y la innovación en alimentos.
Falta de consenso científico
ACTA advierte que no existe consenso científico internacional sobre una definición única y operativa de ultraprocesado ni sobre su relación directa con riesgos para la salud. Para el sector técnico, esa falta de precisión puede generar interpretaciones erróneas en los consumidores. Edna Liliana Peralta Baquero, presidenta de ACTA, afirmó que “su inclusión como advertencia frontal podría generar temor innecesario en los consumidores y dificultar decisiones informadas sobre alimentación, sin que exista una definición única y operativa de ultraprocesado”.
Debate legal sobre el alcance de la norma
El documento también plantea una discusión legal. Según los actores del sector, la Ley 2120 de 2021 autoriza advertencias por exceso de nutrientes críticos, como azúcares, sodio o grasas, pero no por el nivel de procesamiento de los alimentos. Desde esa lectura, un producto sin exceso de nutrientes críticos podría quedar marcado con una advertencia frontal por su formulación. Para los gremios, ese punto excedería el mandato legal y abriría un debate sobre la validez técnica del reglamento. Camilo Montes sostuvo que “este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo. No se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas”.
Mipymes, Invima y consumidores entran al debate
La carga económica del proyecto es otro foco de preocupación. El documento señala que la norma obligaría a rediseñar la totalidad de etiquetas de alimentos empacados en el país, además de asumir reimpresiones, ajustes técnicos, adecuaciones logísticas y trámites ante el Invima. El plazo de transición propuesto, de seis meses, es calificado como insuficiente para el sector. El Observatorio Nacional de la MiPyme pide realizar un análisis de impacto regulatorio, establecer periodos técnicamente viables y diseñar medidas diferenciales para empresas pequeñas.
Manifiesto de emprendedores
La información complementaria agrega que emprendedores del sector preparan un manifiesto dirigido al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rechazo al proyecto. El texto sostiene que la medida sería “un golpe directo a la supervivencia de miles de familias”. En esa comunicación, las mipymes advierten que un plazo de seis meses para cambiar la totalidad de las etiquetas del país sería inviable y podría generar pérdidas por obsolescencia de materiales, además de sobrecostos con incidencia en los precios de los alimentos.
Prohibición de herramientas digitales
El manifiesto también cuestiona la prohibición de herramientas digitales como el código QR, avalado por el Codex Alimentarius, al señalar que esa restricción dificultaría incluir información sanitaria, registro, vencimiento, ingredientes, lugar de fabricación y denominación del producto.
Preocupación laboral y sindical
La preocupación también llegó al plano laboral. La CGT y Sinaltrainbec radicaron oposición formal ante el Ministerio, al advertir que la medida podría afectar el empleo y el tejido productivo en una industria compuesta mayoritariamente por micro y pequeñas empresas. La CGT afirmó que “no se puede proteger la salud de un pueblo destruyendo su fuente de ingresos y su tejido productivo más vulnerable”. Sinaltrainbec, por su parte, pidió suspender el trámite hasta contar con evidencia científica concluyente y evaluación integral.
El consumidor en el centro
El consumidor también aparece en el centro de la discusión. Asoleche advierte que productos como yogures y lácteos podrían recibir sellos que limiten la posibilidad de informar atributos positivos, pese a su aporte de calcio, proteína y otros componentes nutricionales. Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche, afirmó que “una norma que le impide a un yogurt contarle al consumidor que tiene calcio y proteína no está protegiendo la salud pública: la está poniendo en riesgo”.
Postura del Invima
A los reparos gremiales se suma un antecedente revelado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. Según esa información, el Invima habría enviado una carta al Ministerio de Salud en la que cuestionó el plazo de participación y la falta de análisis del impacto en Colombia. De acuerdo con esa nota, el Invima también habría señalado que más del 95% de los establecimientos fabricantes del país son microempresas, para las cuales el impacto de los cambios normativos resulta muy alto. Además, la Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima habría planteado que las medidas de salud pública no deberían limitarse al rotulado de advertencia, sino considerar educación, ambientes saludables y comprensión de las tablas nutricionales por parte de la ciudadanía.
Así, el debate por el etiquetado frontal dejó de ser solo una discusión de empaques. Para la industria, las mipymes, sindicatos y voces técnicas, el punto crítico está en cambiar otra vez las reglas sin medición previa, con altos costos y dudas aún sin resolver.
