En un nuevo informe, el centro de pensamiento Anif señaló que los niveles actuales de deuda pública neta, cercanos a 58% del PIB, no se observaban desde finales del siglo XIX, cuando Colombia enfrentó problemas de pago de deuda externa e hiperinflación en el marco de la Guerra de los Mil Días. La proyección de Anif es que en tres años se podría superar el límite de la deuda de 71% del PIB.
Proyección alarmante
"Proyectamos que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría superar el 71% del PIB en tan solo tres años, un umbral que, de acuerdo con la regla fiscal, se considera incompatible con una senda sostenible para una economía como la colombiana", señalan en el informe. Para el centro de pensamiento, el problema fiscal de Colombia es, en esencia, un problema de la rigidez del gasto público.
Expansión del Estado
En las últimas tres décadas, el país ha experimentado una expansión significativa del tamaño del Estado, impulsada en gran medida por la Constitución de 1991. Incluso, el gasto de funcionamiento del Gobierno ha crecido notoriamente por encima del gasto de los hogares en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un desempeño económico excepcional ni en mejoras sustanciales en los indicadores de desigualdad, agrega Anif.
Rigidez del gasto público
Uno de los principales desafíos identificados en la economía colombiana es la alta rigidez del presupuesto público. En particular, entre 2019 y 2026, el gasto en salud, pensiones y transferencias regionales, rubros definidos por mandato constitucional, explicó más de 64% del aumento del gasto de funcionamiento.
Margen de maniobra
No obstante, para Anif existe cierto margen de maniobra si se consideran decisiones dentro del ámbito del Ejecutivo, lo que implica que el problema no es exclusivamente técnico, sino también de voluntad política. Aunque el Gobierno ha señalado que solo 8% del Presupuesto General de la Nación de 2026 es flexible, al considerar el gasto sobre el cual el Ejecutivo puede tomar decisiones autónomas, esta proporción ascendería al 14%. Asimismo, si se incluye el gasto en personal y contratación, sujeto a ajustes de carácter jurídico, el margen de flexibilidad podría alcanzar hasta 28%.
