En Colombia, el derecho de los acreedores para exigir el pago de una obligación no es perpetuo y está sujeto a los términos de prescripción definidos en el Código Civil. Según expertos en insolvencia financiera, deudas comunes como los saldos en tarjetas de crédito, cánones de arrendamiento y multas de tránsito pierden su exigibilidad legal tras un periodo de tres años, siempre que se cumplan las condiciones procesales para declarar dicho vencimiento.
Tipos de deudas que prescriben a los tres años
La abogada especialista en manejo de deudas, Andrea García, señaló a través de su cuenta de Instagram que la naturaleza del crédito determina el tiempo en el que una obligación deja de ser exigible. Mientras que las deudas con entidades estatales como la Dian o la Secretaría de Hacienda requieren un plazo de cinco años, los compromisos derivados de tarjetas de crédito, contratos de arrendamiento y sanciones de tránsito se enmarcan en el periodo de tres años.
La especialista subraya que, si el deudor no reconoce la vigencia de la deuda una vez cumplido este término, las entidades bancarias o casas de cobro pierden la facultad legal de exigir el pago de forma coercitiva.
Acciones legales tras el vencimiento del plazo
Cuando una obligación supera el umbral de los tres años sin ser cancelada, el usuario tiene la opción de informar a la entidad acreedora sobre el vencimiento del periodo de cobro. Sin embargo, este proceso no es automático y puede derivar en instancias judiciales.
Daniela Melo, abogada consultora del Centro Jurídico Internacional, explica que el banco puede elevar el caso ante un juez. En este escenario, si no se maneja adecuadamente, podría generarse una "nueva obligación" o reactivarse el proceso de cobro. Por ello, la solicitud formal de prescripción es la vía jurídica para extinguir el derecho de cobro del préstamo de manera definitiva.
Procedimiento ante juzgados civiles
El Ministerio de Justicia de Colombia establece que la prescripción debe alegarse ante un juzgado civil donde curse un proceso de cobro. El deudor dispone de un término de diez días para presentar las pruebas que demuestren que el tiempo de cobranza ha superado el límite estipulado por la ley.
Posteriormente, el juez citará a ambas partes (deudor y acreedor) para evaluar las evidencias y determinar mediante sentencia si la obligación es aún cobrable o si, por el contrario, ha prescrito legalmente.
Consecuencias en el historial crediticio
A pesar de la prescripción legal de la acción de cobro, el incumplimiento de las obligaciones genera efectos en el reporte de las centrales de riesgo. Datacrédito advierte que los atrasos en los pagos afectan negativamente el historial crediticio, proyectando un perfil de usuario con baja capacidad financiera.
Un reporte negativo limita el acceso a nuevos productos financieros y servicios, mientras que mantener un comportamiento de pago puntual facilita la obtención de créditos con mejores condiciones, impactando directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
