Acopi demanda reglas claras y estabilidad normativa frente al salario mínimo 2026
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) ha elevado una voz de alerta ante la incertidumbre jurídica generada por la suspensión provisional del decreto que establecía el salario mínimo para el año 2026. Este pronunciamiento surge después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, exigiendo al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto sustitutivo en un plazo máximo de ocho días calendario.
Impacto directo en las microempresas colombianas
Según Acopi, esta situación afecta directamente a las microempresas, que concentran una parte significativa de la contratación en el rango del salario mínimo. Actualmente, miles de empleadores formales carecen de certeza sobre qué referencia aplicar en aspectos críticos como:
- Elaboración de nóminas y contratos laborales
- Cálculo de aportes a seguridad social
- Planificación de presupuestos empresariales
- Proyecciones financieras a corto y mediano plazo
La organización advierte que la falta de claridad normativa compromete la planeación financiera y la estabilidad operativa de las unidades productivas, generando un escenario de vulnerabilidad para el sector empresarial más numeroso del país.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
En su comunicado oficial, Acopi hizo un llamado enfático al Gobierno Nacional para que actúe con celeridad y dentro del marco legal, con el objetivo fundamental de garantizar seguridad jurídica. El gremio subraya la necesidad de evitar que la incertidumbre se traslade al funcionamiento cotidiano de las empresas y, especialmente, al ingreso de los trabajadores colombianos.
"Las micro, pequeñas y medianas empresas requieren estabilidad normativa para cumplir oportunamente con sus obligaciones laborales", señaló la asociación, añadiendo que cualquier decisión judicial debe traducirse en lineamientos claros que permitan asegurar el pago de salarios y brindar certeza a los trabajadores sobre su remuneración.
Enfoque integral en la fijación salarial
Acopi reiteró que la determinación del salario mínimo debe abordarse con una perspectiva integral que contemple múltiples variables:
- Niveles de productividad nacional y sectorial
- Índices de inflación y costo de vida
- Capacidad real de pago de las empresas
- Realidades económicas regionales y sectoriales
- Impacto en los niveles de formalidad laboral
La organización enfatizó que la sostenibilidad del empleo formal constituye un objetivo prioritario dentro de cualquier política salarial, especialmente en un contexto económico complejo.
Compromiso de participación y seguimiento
Finalmente, Acopi informó que mantendrá su participación activa en las mesas de concertación con el Ministerio del Trabajo, asegurando que sus afiliados recibirán información oportuna sobre las orientaciones derivadas del decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno. Este acompañamiento busca facilitar el cumplimiento normativo y garantizar la continuidad empresarial mientras se resuelve el proceso judicial en curso ante el Consejo de Estado.
La medida cautelar del alto tribunal busca establecer un porcentaje y valor transitorio que regirá mientras se adopta una decisión de fondo dentro del proceso judicial, subrayando la urgencia de una resolución que equilibre los derechos de trabajadores y empleadores.
