Ecuador decreta nuevo estado de excepción en nueve provincias para combatir crimen organizado
Nuevo estado de excepción en Ecuador abarca nueve provincias

Ecuador implementa medidas extraordinarias en nueve provincias para enfrentar la violencia criminal

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha decretado este jueves un nuevo estado de excepción que regirá durante 60 días en nueve de las 24 provincias del país, además de cuatro municipios ubicados en otras tres jurisdicciones provinciales. Esta medida extraordinaria, anunciada en vísperas del feriado de Semana Santa, busca intensificar la lucha contra el crimen organizado que ha sumido al país en una grave crisis de seguridad.

Suspensión de derechos fundamentales y despliegue militar

Durante la vigencia de este decreto presidencial, quedarán suspendidos los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto significa que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas podrán ingresar a viviendas sin necesidad de autorización judicial previa, así como interceptar comunicaciones privadas como parte de sus operativos contra las organizaciones criminales.

Las fuerzas de seguridad se desplegarán de manera coordinada para desarrollar operaciones específicas contra grupos delictivos, con especial énfasis en aquellas regiones donde se concentran las actividades del narcotráfico. El decreto establece que las operaciones militares se realizarán en estrecha coordinación con la Policía Nacional, creando un esquema de acción conjunta sin precedentes en la historia reciente del país.

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Provincias afectadas y contexto geográfico

Entre las jurisdicciones incluidas en este estado de excepción se encuentran las dos ciudades más importantes de Ecuador: Quito, capital nacional ubicada en la provincia de Pichincha, y Guayaquil, principal puerto marítimo situado en la provincia de Guayas. Juntas, estas urbes concentran aproximadamente 7 millones de habitantes de los cerca de 18 millones que tiene el país andino.

Las provincias bajo esta medida se localizan principalmente en la región costera, zona donde operan con mayor intensidad las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. La lista completa incluye:

  • Esmeraldas (fronteriza con Colombia)
  • El Oro (fronteriza con Perú)
  • Guayas
  • Manabí
  • Santa Elena
  • Los Ríos
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
  • Pichincha
  • Sucumbíos (provincia amazónica fronteriza con Colombia)

Esta selección territorial no es casual: corresponde a áreas donde las bandas criminales han establecido rutas para exportar cocaína producida principalmente en Colombia hacia mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. En Sucumbíos, recientemente las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizaron operaciones militares con apoyo estadounidense para destruir campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas FARC colombianas.

Contexto de violencia y medidas previas

Desde que Daniel Noboa declaró la "guerra" al crimen organizado en 2024, el mandatario ha implementado sucesivos estados de excepción cuyo alcance ha variado según las circunstancias, llegando en algunos momentos a abarcar todo el territorio nacional. El penúltimo decreto de este tipo incluso incluyó un toque de queda nocturno durante 15 días en cuatro provincias, entre ellas Guayas.

El objetivo declarado de estas medidas es contener la peor crisis de violencia criminal en la historia moderna de Ecuador, aunque los resultados hasta ahora han sido limitados. Según datos oficiales, los índices de violencia han seguido incrementándose, situando al país a la cabeza de Latinoamérica en homicidios con más de 50 por cada 100.000 habitantes durante 2025.

La implementación de este nuevo estado de excepción coincide con el inicio del feriado de Semana Santa, período durante el cual millones de ecuatorianos tradicionalmente viajan a diferentes regiones del país. Las autoridades esperan que las medidas extraordinarias permitan garantizar mayor seguridad durante estos desplazamientos masivos, al tiempo que debilitan las estructuras del crimen organizado que operan en las provincias priorizadas.

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