Consejo de Estado suspende provisionalmente aumento del salario mínimo decretado por el gobierno Petro
En una decisión judicial de gran impacto social y económico, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha ordenado la suspensión provisional del decreto emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre del año pasado, mediante el cual se establecía un aumento en el salario mínimo para los trabajadores colombianos.
Detalles del fallo y medidas cautelares
El alto tribunal, a través de un fallo extenso de 62 páginas, ha determinado aplicar esta medida cautelar mientras se toma una decisión de fondo sobre el caso. Es importante destacar que la suspensión solo entrará en vigencia una vez que el gobierno expida un nuevo decreto, para el cual el Consejo de Estado ha establecido un plazo perentorio de ocho días.
En este nuevo decreto, el Ejecutivo deberá realizar un cálculo del salario mínimo que incluya variables económicas específicas y fundamentales, entre las cuales se encuentran:
- La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República
- La productividad certificada oficialmente
- La inflación real del año anterior
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
- La contribución de los salarios al ingreso nacional
- La especial protección constitucional del trabajo
Consideraciones constitucionales y económicas
Además de estas variables, el Consejo de Estado ha señalado que el nuevo cálculo debe tener en cuenta principios constitucionales esenciales, como:
- La garantía de una remuneración mínima, vital y móvil para los trabajadores
- La función social de la empresa dentro del sistema económico
- Los objetivos constitucionales de dirección de la economía nacional
Esta decisión judicial representa un punto de inflexión en la política salarial del actual gobierno y pone en evidencia la complejidad de establecer aumentos al salario mínimo que cumplan tanto con las expectativas de los trabajadores como con los parámetros económicos y constitucionales establecidos.
El fallo del Consejo de Estado subraya la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad económica, marcando un precedente importante para futuras decisiones en materia salarial y de política económica en Colombia.
