Defensoría del Pueblo defiende constitucionalidad del aumento del salario mínimo ante el Consejo de Estado
La Defensoría del Pueblo presentó una intervención formal ante el Consejo de Estado en defensa del Decreto 1469 de 2025, norma mediante la cual el Gobierno nacional estableció el salario mínimo para el año 2026. La entidad argumentó que este decreto cumple plenamente con los criterios constitucionales establecidos para la fijación del salario mínimo en Colombia.
Intervención en la acción de nulidad
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, radicó personalmente el documento dirigido al magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, en el cual la institución ejerció su legitimación procesal basada en el mandato constitucional de protección y promoción de los derechos humanos. La Defensoría explicó que actúa en ejercicio de su "magistratura moral", facultad que le permite emitir pronunciamientos y recomendaciones frente a situaciones que afectan derechos fundamentales.
La entidad destacó que el salario mínimo tiene incidencia directa en poblaciones particularmente vulnerables:
- Trabajadores de bajos ingresos
- Madres y padres cabeza de hogar
- Personas que sostienen económicamente a niños, niñas y adolescentes
- Personas que mantienen económicamente a adultos mayores
Argumentos sobre la constitucionalidad del decreto
En su intervención, la Defensoría afirmó que el Decreto 1469 de 2025 cumplió exhaustivamente con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999. Esta jurisprudencia aplica específicamente para los casos en que no se logra un acuerdo dentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El documento presentado ante el Consejo de Estado detalló que el decreto consideró todas las variables legales requeridas:
- La inflación registrada en el período correspondiente
- La productividad nacional medida adecuadamente
- El crecimiento del producto interno bruto colombiano
- La contribución de los salarios al ingreso nacional
- El índice de precios al consumidor actualizado
Además, la Defensoría enfatizó que el análisis gubernamental incluyó el principio constitucional de la remuneración mínima vital y móvil, establecido explícitamente en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Este principio fundamental garantiza que los trabajadores reciban una compensación que les permita mantener condiciones de vida dignas.
El salario mínimo como garantía de dignidad humana
La intervención de la Defensoría del Pueblo resaltó que el concepto de salario mínimo debe entenderse como "una garantía vinculada directamente a la dignidad humana y a la posibilidad real de asegurar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias". Este principio no solo está respaldado por la jurisprudencia constitucional colombiana, sino también por instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen específicamente el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente.
La entidad concluyó que el proceso seguido para establecer el salario mínimo para 2026 respetó tanto los procedimientos legales como los principios constitucionales, garantizando así la protección de los derechos laborales fundamentales de millones de colombianos. La Defensoría mantendrá su vigilancia sobre este proceso judicial para asegurar que prevalezcan los derechos de las poblaciones más vulnerables del país.
