Defensoría del Pueblo defiende ante el Consejo de Estado el decreto del salario mínimo para 2026
Este martes 10 de marzo, la Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Irís Marín Ortiz, presentó formalmente una intervención ante el Consejo de Estado con el objetivo fundamental de defender la legalidad y constitucionalidad del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el salario mínimo para el año 2026.
Magistratura moral y mandato constitucional
La entidad explicó que esta acción se enmarca en el ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional específico de promoción y defensa integral de los derechos humanos. "En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026", declaró oficialmente la Defensoría del Pueblo.
Más allá de lo económico: una cuestión de dignidad
La Defensoría enfatizó que la defensa del salario mínimo no representa una discusión simple o puramente económica. Por el contrario, señaló que se trata de la defensa de la dignidad humana y del derecho fundamental a la vida en condiciones justas y equitativas. Esta postura posiciona el debate sobre la remuneración mínima en un plano superior, conectándolo directamente con principios constitucionales y derechos humanos básicos.
La intervención presentada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo busca garantizar que la determinación del salario mínimo para 2026 se mantenga vigente, protegiendo así los intereses de los trabajadores colombianos y estableciendo un precedente importante sobre la interpretación de este derecho laboral fundamental.
