Diálogo crucial por salario mínimo tras suspensión judicial
Este sábado, a las 11 de la mañana, el Ministerio del Trabajo será escenario de una reunión extraordinaria entre el Gobierno Nacional, representantes empresariales de Fenalco, Andi y otros gremios, junto con las centrales obreras. El objetivo: establecer un nuevo decreto que defina el incremento del salario mínimo para 2026, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto anterior que establecía un aumento del 23%.
Parámetros legales en discusión
La discusión se centrará en los parámetros establecidos por la Ley 278 de 1996, que incluyen cifras de inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y contribución salarial al ingreso nacional. El Gobierno cuenta con un plazo de ocho días para expedir el nuevo decreto transitorio, mientras el salario fijado anteriormente continúa vigente hasta que se adopte una determinación definitiva.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), planteó que el debate debe trascender la simple discusión sobre el monto del aumento. "La reflexión es que en el salario mínimo no basta con subirlo; hay que poder sostenerlo y motivarlo conforme a las reglas establecidas", afirmó Lacouture, enfatizando la necesidad de jurisprudencia clara y criterios técnicos verificables.
Posiciones empresariales y laborales
El Consejo Gremial Nacional reiteró su respeto a las decisiones judiciales, recordando que el auto del Consejo de Estado tiene carácter cautelar y no constituye una decisión definitiva. Los empresarios insistieron en que cualquier determinación sobre el incremento salarial debe adoptarse con rigor técnico, ponderando integralmente los criterios legales y los principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostuvo que el país debe concentrarse en mitigar los efectos del salario mínimo sobre el empleo y la inflación. "El llamado es a generar estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo formal", detalló Mac Master.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, respaldó la suspensión provisional y consideró que la determinación judicial representa "un llamado claro al respeto por el Estado de derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral".
Posición de los trabajadores
En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la medida del alto tribunal y pidió al Presidente expedir un nuevo decreto manteniendo el nivel anunciado para 2026. Fabio Arias, presidente de la CUT, manifestó que los trabajadores "no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026".
Impacto económico y empresarial
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) señaló que la economía no puede operar en un limbo jurídico. María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi en Bogotá-Cundinamarca, afirmó que la decisión judicial, adoptada en vísperas de la liquidación de nómina, está generando inquietud tanto en empresas como en trabajadores.
El nuevo salario mínimo podría costarle al empleador alrededor de 2,86 millones de pesos por persona, según estimaciones preliminares. Esta cifra representa un desafío significativo para la sostenibilidad empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan presiones económicas.
Escenario de concertación
Con este panorama complejo, la sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación se convierte en el escenario clave para intentar reconstruir consensos. Los gremios han reiterado su disposición al diálogo técnico e institucional, mientras esperan que la nueva propuesta del Ejecutivo cumpla con los criterios legales, brinde estabilidad y reduzca la incertidumbre que rodea la definición del salario mínimo para 2026.
La reunión representa un momento crucial para la política laboral colombiana, donde se pondrán a prueba los mecanismos de concertación social y la capacidad de las partes para encontrar soluciones que equilibren la protección de los trabajadores con la viabilidad empresarial en un contexto económico desafiante.
