Los gremios de vigilancia y seguridad privada han lanzado una alerta sobre el futuro de 400.000 empleos formales en Colombia, al considerar que las recientes actuaciones y decisiones del Gobierno Nacional afectan la estabilidad del sector. Esta advertencia cobra relevancia por el peso económico de una actividad que representa el 4% del empleo formal del país.
Impacto económico del sector de vigilancia
Mediante un pronunciamiento conjunto, las organizaciones empresariales defendieron la legalidad y formalidad de la industria, compuesta por trabajadores que prestan servicios de seguridad en todo el territorio nacional. Según señalaron, el sector aporta el 1,13% del Producto Interno Bruto (PIB) y moviliza cerca de 21 billones de pesos al año.
Los gremios afirmaron que las medidas adoptadas por el Ejecutivo podrían comprometer la sostenibilidad de las empresas y, con ello, afectar miles de puestos de trabajo. En el documento insistieron en que se trata de una actividad regulada, con licencias, contratos laborales, afiliaciones a seguridad social y obligaciones tributarias plenamente establecidas.
Estigmatización y deslegitimación del sector
El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos a lo que consideran una estigmatización de la actividad. Según indicaron, se ha producido una asociación entre el sector formal y estructuras paramilitares sin que existan pruebas que respalden tales afirmaciones. Para las organizaciones, esto configura un proceso de deslegitimación con efectos directos sobre empresas y trabajadores.
"Las actuaciones del Gobierno Nacional frente a nuestro sector configuran un patrón sistemático de deslegitimación con consecuencias reales sobre empresas y trabajadores", señalaron los gremios. Asimismo, reiteraron que su actividad se desarrolla dentro del marco constitucional y bajo los principios de la libre empresa, la seguridad jurídica y el Estado Social de Derecho.
Demoras en trámites y acreditaciones
Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con los tiempos de respuesta en los trámites requeridos para ejercer la actividad. De acuerdo con el documento, existe una parálisis institucional que dificulta la obtención de acreditaciones por parte de miles de trabajadores en todo el país.
Las organizaciones aseguraron que actualmente el tiempo promedio para resolver estos procedimientos alcanza los 391 días, mientras que algunos expedientes han llegado a registrar demoras de hasta 1.348 días. Incluso, advirtieron que algunos vigilantes han sido detenidos durante operativos debido a retrasos cuya responsabilidad atribuyen exclusivamente al Estado.
Medidas cuestionadas: calculadora salarial y estructura tarifaria
A estas preocupaciones se suman dos decisiones recientes que el sector cuestiona por considerar que fueron adoptadas sin suficiente socialización previa. Una de ellas corresponde a la calculadora salarial, sobre la cual sostienen que presenta problemas de rigor técnico y ha generado incertidumbre entre trabajadores y empresas.
La segunda medida corresponde a la modificación de la estructura tarifaria. Según los gremios, el cambio presenta deficiencias técnicas y omite el impacto derivado de la creación de un nuevo lunes festivo establecido por ley. A juicio del sector, esta situación podría alterar significativamente las condiciones bajo las cuales operan las compañías.
Impacto social y riesgo de informalidad
Los representantes empresariales insistieron en que cualquier debilitamiento de la industria tendría efectos especialmente sensibles sobre poblaciones que encuentran en esta actividad una oportunidad de empleo formal. Entre ellas destacaron más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años que accedieron allí a su primer contrato laboral.
También mencionaron a más de 112.000 trabajadores mayores de 45 años, un segmento que, según señalaron, enfrenta mayores dificultades para vincularse al mercado laboral tradicional. A ello se suman cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar, además de familias ubicadas en municipios intermedios y zonas rurales.
En el documento, los gremios advirtieron que una eventual pérdida de capacidad operativa por parte de las empresas formales podría abrir espacio a actividades informales o ilegales. "Cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías para nadie", manifestaron.
Llamado al diálogo y defensa del empleo formal
Finalmente, las organizaciones reiteraron su respaldo a las instituciones democráticas y al Estado Social de Derecho, al tiempo que solicitaron que las decisiones de política pública tengan en cuenta el impacto sobre el empleo formal. "Somos 400.000 trabajadores honestos. Somos un sector legal. Defendemos la democracia, las instituciones y el trabajo digno", concluyeron.
