Un total de trece gremios del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia han manifestado su preocupación por las recientes decisiones del Gobierno Nacional, las cuales, según ellos, ponen en peligro los empleos formales que genera esta actividad, que supera los 400.000 puestos de trabajo. En un comunicado conjunto, firmado por la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad, Confevip y la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, entre otros, se destacó que el sector representa el 1,13 % del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza 21 billones de pesos colombianos al año y concentra el 4 % del empleo formal del país.
Críticas a la deslegitimación del sector
Los gremios afirmaron que existe un "patrón sistemático de deslegitimación con consecuencias reales sobre empresas y trabajadores". En particular, rechazaron que se haya "equiparado el sector formal con estructuras paramilitares sin soporte probatorio", una comparación que consideran injusta y sin fundamento.
Parálisis institucional en acreditaciones
Otro punto de queja es la parálisis institucional que impide a miles de trabajadores obtener acreditaciones en tiempos razonables. Según los gremios, los trámites para estas acreditaciones tardan en promedio 391 días y, en algunos casos, pueden demorar hasta 1.348 días. Esto afecta directamente la capacidad de las empresas para contratar personal debidamente certificado.
Calculadora salarial y modificación tarifaria
Los gremios también cuestionan dos medidas recientes: la calculadora salarial y la modificación de la estructura tarifaria del sector. Ambas decisiones, según ellos, fueron adoptadas "sin socialización previa, sin el debido proceso y con deficiencias técnicas". La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada lanzó recientemente una herramienta de simulación salarial para estimar el valor de las horas trabajadas, recargos nocturnos, horas extras, dominicales, festivos y otros pagos. Para los gremios, esta calculadora, por su "falta de rigor y veracidad técnica", ha generado "pánico injustificado" entre trabajadores y empresas.
En cuanto a la modificación tarifaria, los gremios consideran que promueve una ruptura del modelo de negocio. Las empresas advierten que no se tuvo en cuenta el impacto del nuevo lunes festivo creado por ley. "Detrás de cada empresa que no puede sostenerse hay trabajadores que caen en la informalidad: más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años con su primer contrato formal, en un país donde la desocupación juvenil supera el 17 %; más de 112.000 mayores de 45 años que el mercado convencional excluye en silencio; cerca de 80.000 mujeres, muchas cabezas de familia; y familias en municipios intermedios y zonas rurales donde este sector es frecuentemente el único empleador formal de escala", señalaron los gremios en el comunicado.
