Acopi advierte sobre grave incertidumbre jurídica para mipymes tras suspensión del decreto de salario mínimo
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) ha emitido una alerta contundente sobre la situación de limbo jurídico que enfrentan miles de empleadores formales tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía el aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026.
Decisión judicial genera vacío normativo crítico
El alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional expedir un decreto sustitutivo en un plazo máximo de ocho días, con el objetivo de establecer un valor transitorio mientras se adopta una resolución definitiva sobre este tema fundamental para la economía colombiana. Sin embargo, este intervalo temporal ha creado una situación de extrema incertidumbre para el sector empresarial.
Desde Acopi han manifestado con preocupación que esta medida cautelar genera "incertidumbre e inseguridad jurídica" para miles de empleadores que operan dentro del marco de la formalidad. La asociación gremial ha sido enfática en señalar que actualmente no existe claridad sobre qué referencia salarial aplicar en múltiples aspectos operativos.
Impacto directo en la operación empresarial
La falta de definición normativa afecta directamente áreas críticas de la gestión empresarial:
- Procesamiento de nóminas: Las empresas no tienen certeza sobre el valor base para calcular salarios.
- Elaboración de contratos laborales: Se dificulta la formalización de nuevos vínculos laborales.
- Cálculo de aportes a seguridad social: Los valores para parafiscales y contribuciones carecen de base legal clara.
- Planificación presupuestal: La proyección de costos laborales se vuelve imposible de realizar con precisión.
"Hoy miles de empleadores formales no tenemos certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos", advirtió la asociación en un comunicado oficial.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Acopi ha hecho un llamado contundente al Gobierno Nacional para que actúe con la máxima celeridad y garantice "reglas claras y seguridad jurídica frente al salario mínimo 2026". El gremio enfatizó que la prioridad inmediata debe ser "evitar que la incertidumbre jurídica se traslade a la operación empresarial y a la garantía del ingreso de los trabajadores".
La situación representa un desafío significativo para la estabilidad económica del país, particularmente para el sector de las mipymes que constituye un pilar fundamental del empleo formal en Colombia. La resolución de este vacío normativo se ha convertido en una necesidad urgente para mantener la confianza en el sistema jurídico y económico nacional.
