Francia Márquez denuncia suspensión del salario mínimo 2026 como golpe a la dignidad laboral
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, calificó este viernes como un golpe directo a la dignidad de las familias trabajadoras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía un aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. La funcionaria defendió la medida original no como un simple cálculo técnico, sino como una herramienta fundamental de justicia social para el país.
Defensa del concepto de salario vital
Luego de conocerse el fallo del alto tribunal, que obliga al gobierno nacional a recalcular la cifra en un plazo máximo de ocho días, Márquez enfatizó que el concepto de salario vital, impulsado por la administración del presidente Gustavo Petro, busca responder específicamente a las realidades económicas de los sectores más vulnerables de la población colombiana.
"El salario vital no es un capricho. Es una respuesta responsable a las realidades económicas del país y una herramienta necesaria para avanzar en justicia social", declaró la vicepresidenta a través de la red social X. "Reitero mi compromiso con un trabajo digno, con la defensa de los derechos de las y los trabajadores y con el cierre de las brechas históricas que han marcado a Colombia".
Impacto desproporcionado en las familias trabajadoras
La reacción del ejecutivo se centra especialmente en el efecto social de la medida cautelar dictada por el Consejo de Estado. Según Márquez, frenar este incremento salarial impide el cierre de brechas históricas que han afectado durante décadas a los trabajadores colombianos, particularmente a aquellos con menores ingresos.
En su pronunciamiento público, la alta funcionaria vinculó directamente la decisión judicial con un retroceso en la defensa de los derechos laborales, asegurando que el gobierno mantendrá su postura firme de proteger el poder adquisitivo de los colombianos frente a la inflación y el creciente costo de vida.
"Como mujer trabajadora y lideresa social, sé que esta decisión impacta directamente a millones de familias", señaló Márquez, estableciendo una clara línea divisoria entre los argumentos jurídicos presentados por el Consejo de Estado y la visión humanitaria que el gobierno intenta imprimir a su política salarial.
Carrera contra el tiempo administrativo
Mientras la Vicepresidencia sienta su postura política y social frente a esta decisión judicial, el Gobierno Nacional enfrenta una carrera contra el tiempo en el plano administrativo. La orden del Consejo de Estado es clara y señala que el presidente Petro debe expedir un decreto transitorio en los próximos ocho días calendario.
Esta nueva normativa reemplazará temporalmente al decreto suspendido y regirá hasta que se emita un fallo de fondo sobre la legalidad del aumento inicial del 23%. Aunque el tribunal aclaró que los pagos actuales se mantienen bajo la norma vigente (Decreto 1469 de 2025) hasta la publicación del nuevo acto administrativo, la incertidumbre se traslada ahora a la mesa de redacción del nuevo documento.
El desafío para el gobierno será equilibrar las aspiraciones de bienestar del pueblo defendidas por la vicepresidenta Márquez con los requisitos legales exigidos por la justicia contenciosa administrativa. La funcionaria argumentó que la suspensión jurídica afecta de manera desproporcionada a quienes dependen del ingreso diario para sostener sus hogares, poniendo en riesgo la estabilidad económica de millones de colombianos.
