Gobierno prepara nuevo decreto de salario mínimo tras orden judicial
El Gobierno Nacional se encuentra en la obligación de expedir un nuevo decreto transitorio para el aumento del salario mínimo correspondiente al año 2026. Esta medida se produce después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23% que había sido decretado anteriormente. El nuevo ajuste salarial que se determine tendrá vigencia hasta que la corporación judicial emita una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Convocatoria a la Comisión de Concertación
Para el próximo lunes 16 de febrero, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha convocado a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En este espacio se discutirá un decreto que, según las palabras del funcionario, "debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional". El debate por el salario mínimo en Colombia se reactiva en un contexto de incertidumbre jurídica y presiones económicas.
Criterios técnicos establecidos por ley
Los parámetros que guiarán la discusión están contemplados específicamente en la Ley 278 de 1996. Según explicó la senadora Angélica Lozano, el Consejo de Estado determinó que el Gobierno fijó el salario mínimo basándose únicamente en el artículo constitucional, pero ordenó incorporar también los elementos establecidos en dicha ley.
Los criterios que se analizarán incluyen:
- Cifras de inflación actualizadas
- Índices de productividad nacional
- Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
- Contribución salarial al ingreso nacional
"El nuevo decreto deberá recoger, además de la inflación y el índice de productividad, variables como el PIB y otros indicadores económicos previstos en la ley", manifestó la senadora Lozano.
Análisis adicionales solicitados por el presidente
El presidente Gustavo Petro ha pedido realizar análisis puntuales adicionales para la nueva discusión del alza salarial. Estos estudios deben abordar específicamente:
- La incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios de productos alimenticios
- El impacto del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia
- Los efectos sobre el aumento del déficit y de los precios en el país
El jefe de Estado insistió en que "el gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político", reiterando su llamado a construir un pacto social desde el inicio de su gobierno.
Expectativas sobre la reunión de concertación
Para Ivonne Aristizábal Rojas, directiva de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, en la nueva reunión de la Comisión de Concertación deberían participar representantes del Gobierno, empleadores (incluyendo Fenalco, Andi y otros gremios) y centrales obreras. "Deben contar con insumos técnicos del Dane y el Banco de la República", afirmó la experta, señalando que sería una concertación extraordinaria por orden judicial indirecta.
Por su parte, Alexander Bermúdez Correa, abogado y director general de Juridex Abogados, puntualizó que el Consejo de Estado no ordenó abrir una negociación tripartita, sino que instruyó al Gobierno Nacional a expedir un decreto transitorio unilateral con parámetros técnicos específicos. "La orden judicial se dirige al Ejecutivo para un acto unilateral, no para un acuerdo de concentración entre partes", explicó el experto.
Carácter consultivo y requisitos técnicos
Sobre la reunión programada para el 16 de febrero, Bermúdez Correa valoró que "constituye jurídicamente un espacio consultivo, es decir, no la reapertura formal del proceso de concertación". Aclaró que no existen precedentes de reapertura de la negociación salarial en la historia reciente de Colombia fuera del período habitual de diciembre.
El experto concluyó enfatizando que, independientemente de si hay diálogo o no, el decreto transitorio tiene que cumplir los requisitos técnicos que fijó el Consejo de Estado, o "volvemos al escenario de la suspensión inmediata".
Posible monto del aumento
Respecto al monto que podría establecerse en el nuevo decreto, la senadora Lozano fue enfática al afirmar que "el nuevo decreto ratificará el mismo monto que actualmente debe pagarse a los trabajadores, pero con una argumentación más completa y un mayor sustento técnico y jurídico". Esto sugiere que la cifra podría mantenerse similar a la anteriormente establecida, pero con una fundamentación legal más robusta que cumpla con todos los parámetros exigidos por la ley y la orden judicial.
