Consejo de Estado suspende decreto del salario mínimo para 2026
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, el Consejo de Estado, ordenó la suspensión provisional del decreto que establecía un aumento del 23,7% en el salario mínimo para el año 2026. Esta decisión judicial se produce tras múltiples demandas presentadas por representantes del sector empresarial y juristas especializados, quienes cuestionaron el impacto económico del incremento decretado por el gobierno nacional.
Petro responde al fallo judicial
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en la red social X, confirmó que acatará la decisión del Consejo de Estado, pero anunció medidas inmediatas para dar cumplimiento a lo ordenado por el alto tribunal. "Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución", declaró el mandatario, enfatizando su compromiso con el marco legal colombiano.
El jefe de Estado explicó que el decreto transitorio que se expedirá "seguirá las órdenes de la Constitución" y contendrá todos los criterios económicos necesarios para determinar el porcentaje de aumento salarial mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo del asunto en el proceso judicial correspondiente.
Nuevas acciones gubernamentales
Como respuesta directa al fallo judicial, Petro anunció que el Ministerio de Trabajo convocará "una reunión de concertación de inmediato" con los actores sociales involucrados. Esta reunión tendrá como objetivo definir el nuevo porcentaje de incremento del salario mínimo, considerando las últimas mediciones económicas y estudios técnicos disponibles.
El presidente argumentó que, según los análisis realizados por su gobierno, la incidencia del llamado "salario vital" en el aumento de precios de productos alimenticios específicos es marginal, defendiendo así la viabilidad económica de la medida original.
Contexto del aumento suspendido
El decreto suspendido establecía que el salario mínimo para 2026 sería de dos millones de pesos colombianos (aproximadamente 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte. Según estimaciones oficiales, esta medida beneficiaría a alrededor de 2,3 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente el 10% de la fuerza laboral asalariada del país.
El aumento del 23,7% superaba significativamente las propuestas iniciales de los diferentes actores en la negociación tradicional:
- Sindicatos y centrales obreras: solicitaban un ajuste del 16%
- Sector empresarial: proponía un aumento cercano al 7%
- Gobierno nacional: decretó finalmente el 23,7% ante la falta de consenso
Reacciones y movilizaciones
Paralelamente al anuncio presidencial, sectores políticos de izquierda y movimientos sociales han convocado a los trabajadores colombianos a movilizarse en defensa del incremento original del 23,7%. Petro, por su parte, extendió una invitación a la coordinación de estos movimientos sociales para analizar conjuntamente la decisión judicial y el nuevo decreto que se expedirá.
El mandatario expresó su preocupación ante la suspensión del decreto original, argumentando que "pone en riesgo la Constitución" al considerar que esta no permite el deterioro del poder adquisitivo del salario ni la anulación de las prerrogativas del gobierno en materia salarial.
Plazos y consideraciones legales
El Consejo de Estado estableció que el gobierno nacional debe expedir el nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días hábiles. Este documento deberá determinar tanto el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 como el valor total correspondiente, rigiendo provisionalmente hasta que se tome una decisión definitiva en el proceso judicial.
El alto tribunal recordó que, para fijar cualquier aumento salarial, el gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes, considerando variables económicas fundamentales como:
- La inflación registrada
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
- Los niveles de productividad nacional
- Otros factores económicos relevantes
La suspensión del decreto original marca un capítulo significativo en el debate económico colombiano, reactivando las discusiones sobre el equilibrio entre protección laboral, sostenibilidad empresarial y estabilidad macroeconómica en el país.
