Gobierno de Petro presenta recurso ante el Consejo de Estado por suspensión del aumento salarial
El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este miércoles 18 de febrero un recurso ante el Consejo de Estado, luego de que este alto tribunal suspendiera provisionalmente el decreto que estableció un incremento cercano al 23,7% del salario mínimo para el año 2026. La decisión judicial, adoptada el 13 de febrero con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales, frenó temporalmente el acto administrativo que elevó el salario mínimo legal mensual vigente a aproximadamente $1.750.905, más el auxilio de transporte correspondiente.
Antecedentes del conflicto salarial
El incremento había sido decretado por el Ejecutivo a finales de diciembre de 2025, tras no alcanzarse un consenso entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación. El alto tribunal admitió una demanda de nulidad contra el decreto y consideró que el Gobierno no sustentó de manera suficiente el incremento conforme a los criterios técnicos y legales previstos en la Ley 278 de 1996. Esta norma exige tener en cuenta variables como:
- Inflación proyectada
- Productividad nacional
- Crecimiento económico
- Capacidad de pago del sector empresarial
Según la providencia, el Ejecutivo habría fundamentado principalmente la decisión en el concepto de "salario mínimo vital", criterio que para el Consejo de Estado no puede decidirse como el único parámetro para establecer el aumento de ese pago mensual para los trabajadores colombianos.
Argumentos del recurso gubernamental
Frente a ese escenario, el Gobierno solicitó revocar la medida cautelar. De acuerdo con lo informado por el diario El Tiempo, que tuvo acceso al documento radicado, el recurso de 28 páginas fue suscrito por representantes de:
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Hacienda
- Departamento Administrativo de la Presidencia
- Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
En el documento se pide "revocar el auto recurrido por exceder la finalidad instrumental de las medidas cautelares y configurar una sustitución regulatoria temporal incompatible con el régimen cautelar y el debido equilibrio de competencias".
El Ejecutivo sostiene que la decisión del Consejo de Estado "excedió los límites del poder cautelar". Según el recurso, "el auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio".
Cuestionamiento a la separación de poderes
En su argumentación, el Gobierno solicita que se examine si la providencia respetó los principios de separación de poderes. El texto al que tuvo acceso El Tiempo señala que "el análisis conjunto de los cargos demuestra que el Auto presenta vicios sustanciales", entre los que destacan:
- Desconocimiento del estándar del artículo 231 del CPACA
- Adopción de una medida cautelar sustitutiva que desborda la función conservativa
- Déficit de motivación y de ponderación de los intereses en tensión
- Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional
- Injerencia indebida en la competencia del Ejecutivo en materia de política económica
Medidas transitorias y situación actual
Mientras se resuelve el recurso, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió esta semana. El Gobierno anunció que se apoyará en esas deliberaciones para expedir un decreto transitorio que determine el monto del salario mínimo mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo sobre la legalidad del incremento establecido para 2026.
Es importante precisar que, mientras tanto, el salario mínimo se mantiene en $1.750.905, más el auxilio de transporte, hasta que exista un pronunciamiento definitivo del alto tribunal sobre este controvertido aumento que afecta a millones de trabajadores en todo el territorio nacional. Esta situación genera incertidumbre tanto en el sector laboral como en el empresarial, que esperan una resolución que establezca claridad sobre los parámetros legales para futuros ajustes salariales.
