Consejo de Estado suspende polémico aumento del salario mínimo decretado por Petro
El Consejo de Estado ha ordenado la suspensión provisional del decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que establecía el aumento del salario mínimo para el año 2026. Esta decisión judicial deja en un estado de incertidumbre a aproximadamente 60 o 70 productos, servicios y tarifas que están indexados, total o parcialmente, al valor del salario mínimo legal.
Productos y servicios afectados por la suspensión
La medida impacta directamente una amplia gama de sectores de la economía colombiana. Entre los bienes y servicios que dependen de esta indexación se encuentran:
- Matrículas educativas y cursos de formación complementaria.
- Aportes de trabajadores independientes al sistema de seguridad social.
- Costos laborales asociados a determinadas actividades.
- Tarifas de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Pensiones mínimas establecidas por ley.
- Servicios jurídicos prestados por abogados y asesores legales.
Además, la suspensión afecta a diversos servicios informales o tradicionales que históricamente han ajustado sus precios con base en el incremento anual del salario mínimo. Estos incluyen:
- Mantenimiento y reparaciones en talleres mecánicos.
- Servicios de lavado y planchado de ropa.
- Consultas médicas generales con profesionales particulares.
- Servicios de peluquería y cuidado personal.
- Trabajos de latonería y reparación de carrocerías.
- Servicios de cuidado de niños y niñas.
Otras áreas impactadas por la indexación
La indexación al salario mínimo también alcanza a otros aspectos regulados por decretos específicos, no necesariamente por leyes formales. Entre estos se destacan:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
- Multas de tránsito y sanciones administrativas.
- Aportes al sistema de salud y pensiones.
- Pasajes de transporte intermunicipal.
- Planes de medicina prepagada.
Implicaciones legales y próximos pasos
El Consejo de Estado no solo suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026, sino que también ordenó al gobierno nacional expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días. La alta corte aclaró que los efectos de la suspensión solo se harán efectivos a partir de la publicación de este nuevo decreto.
Mientras tanto, continuará rigiendo el valor del salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025, según precisó el Consejo de Estado. La entidad judicial enfatizó que la suspensión provisional no afecta las obligaciones o derechos que ya hayan sido calculados, causados o pagados con base en el salario mínimo vigente durante el período en que el decreto produjo efectos.
Esto incluye pagos de nómina tanto en el sector público como privado, pensiones, contratos, multas, sanciones, tarifas, cuantías procesales y cuotas alimentarias, entre otros. El Consejo de Estado subrayó que estas constituyen situaciones jurídicas consolidadas, protegidas por los principios de seguridad jurídica y debido proceso, por lo que no generan obligación de reintegro ni efectos retroactivos.
Postura del gobierno nacional
Frente a esta decisión judicial, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que su decreto sobre el salario mínimo está amparado por la Constitución Política. En declaraciones recientes, el mandatario invitó al pueblo trabajador a expresarse sobre este tema, reafirmando su compromiso con el aumento salarial para 2026.
La polémica continúa mientras el gobierno debe preparar un nuevo decreto que cumpla con los requisitos técnicos exigidos por el Consejo de Estado, y los colombianos esperan definiciones sobre el futuro de decenas de productos y servicios vinculados al salario mínimo.
