La paradoja del salario mínimo: entre la ley y la conveniencia política
La controversia sobre el incremento del salario mínimo en Colombia ha evolucionado como una auténtica tragicomedia en tres actos, revelando una vez más cómo en el país se mantiene la vieja tradición colonial de obedecer las leyes sin cumplirlas realmente. Este proceso ha expuesto las tensiones entre consideraciones económicas, legales y electorales que caracterizan la política nacional.
Primer acto: el decreto sorpresivo
Todo comenzó cuando la comisión de concertación del salario mínimo no logró alcanzar un acuerdo entre las partes. Mientras los empresarios ofrecían un aumento del 7,5% y los sindicatos exigían el 16%, el gobierno nacional, en lugar de actuar como mediador para acercar posiciones, decretó sorpresivamente un incremento del 23%. Esta decisión, ampliamente interpretada como una maniobra para captar votos en plena campaña electoral, generó inmediatas críticas de gremios empresariales, políticos y medios de comunicación, quienes advirtieron sobre los efectos negativos en la inflación y el desempleo.
Segundo acto: la voltereta estratégica
La situación dio un giro inesperado cuando múltiples demandas solicitaron la nulidad del decreto gubernamental. El Consejo de Estado, que normalmente tarda meses en emitir sentencias definitivas, sorprendió al expedir una suspensión provisional del decreto por considerarlo contrario a la ley, ordenando además la expedición de una nueva norma que sí cumpliera con los requisitos legales. Aquí ocurrió el cambio más notable: los mismos gremios, políticos y medios que antes criticaban el aumento del 23%, ahora, preocupados por los efectos electorales de la suspensión, dieron una voltereta completa y comenzaron a pedir que se mantuviera exactamente el mismo incremento que antes condenaban.
Tercer acto: la repetición de errores
El gobierno, en pleno modo de campaña electoral, salió a las plazas públicas a defender el aumento salarial mientras simultáneamente expedía un nuevo decreto que... mantenía exactamente el mismo 23% de incremento. Esta acción incurrió nuevamente en las mismas ilegalidades que el Consejo de Estado había criticado, creando un círculo vicioso de decisiones cuestionables desde el punto de vista legal.
Un epílogo previsible
El desenlace de esta situación parece seguir un guion ya conocido. Lo más probable es que se repita la historia del año 2016, cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad del aumento del salario mínimo decretado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero lo hizo catorce meses después de expedido el decreto. En aquella ocasión, los hechos cumplidos prevalecieron sobre los fallos judiciales y nada cambió sustancialmente. Todo indica que ocurrirá lo mismo ahora: hacia finales de año, cuando el Consejo de Estado expida la sentencia definitiva que confirme la nulidad del decreto, la economía ya habrá sufrido las consecuencias negativas del aumento exagerado, el gobierno habrá cosechado sus réditos electorales y la sentencia quedará como un simple saludo a la bandera para los archivos históricos.
Errores metodológicos que deben corregirse
Sin embargo, esta eventual declaratoria de nulidad podría tener un efecto positivo importante: evitar que se repitan en el futuro los errores conceptuales y metodológicos con los que el gobierno intenta justificar el aumento del 23%. Entre estos errores destacan dos particularmente graves:
- Suma indebida de factores: El gobierno suma dos factores mencionados en la Ley 278 -el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional- como si fueran valores aritméticos que deben adicionarse directamente al salario, cuando en realidad la ley los establece solo como parámetros de referencia. Esta suma, que este año añadiría un 7,36% al salario, carece de precedentes históricos y de justificación económica sólida. De mantenerse este criterio en el futuro, llevaría a aumentos salariales permanentes que duplicarían o triplicarían la inflación.
- Doble contabilidad del transporte: El gobierno no incluye dentro de la cifra del salario mínimo vital (actualmente de $1.750.000) los gastos de transporte, pero simultáneamente decreta un auxilio de transporte adicional por $250.000. Esto equivale a duplicar este ítem y establecer un ingreso total que excede los mismos parámetros oficiales del salario vital, creando una distorsión significativa en los cálculos.
Esta tragicomedia del salario mínimo revela cómo los intereses electorales de corto plazo frecuentemente prevalecen sobre consideraciones económicas de largo plazo y sobre el estricto cumplimiento de las normas legales. El patrón de "obedecer pero no cumplir" parece perpetuarse en la política colombiana, con consecuencias que afectan tanto la estabilidad económica como la credibilidad institucional del país.
